Masacres, desplazamientos, desapariciones y trabajo mancomunado entre el Estado y terratenientes, son los puntos principales del texto presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
(AFP)Este viernes 27 de noviembre, la Corporación Jurídica Libertad presentó ante la JEP un informe titulado ‘Paramilitarismo e Impunidad Violaciones a los Derechos Humanos en las zonas 1 y 2 del Suroeste antioqueño’. El documento expone las consecuencias que dejaron estos grupos armados en el territorio.
De acuerdo con el documento, entre 1985 y 2007 seis grupos paramilitares hicieron presencia y cometieron todo tipo de crímenes en esa zona de Antioquia. En un inicio, recoge Blu Radio del informe, se trataba de grupos privados, mutaron en las Convivir, pasaron luego a ser las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el frente Cacique Pipintá, el Frente Suroeste y finalmente las AUC.
Estos grupos habrían cometido al menos 67 masacres a los largo de los años. Además, cometieron 22,453 asesinatos selectivos en toda la región y se habla también de que son culpables de desplazar 123,503 personas y ocasionar 3,209 desapariciones.
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Un punto clave del documento revela la comunión entre los grupos paramilitares, el Estado y terratenientes del suroeste antioqueño, que financiaron y apoyaron al crecimiento de estos grupos.
Ebherar Cano, investigador de la Corporación Jurídica Libertad, aseguró que “el relacionamiento entre el estado, elites regionales, empresas, personajes de la esfera pública como la familia Uribe Vélez, Ernesto Garcés Soto y su familia, con los paramilitares y estructuras de autodefensa, debe ser entendida como aporte de la maquinaria de muerte que ha sido silenciada en la subregión y que hasta nuestros días demuestra secuelas de dolor en el territorio”.
El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el informe “Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena”, que recoge 3.203 homicidios, 767 víctimas de desplazamiento y 147 desapariciones forzadas cometidas por el grupo ilegal, así como 93 testimonios de exmiembros de la organización.
Según el informe, sus primeros vestigios se vivieron a finales de la década de los 70 de la mano de Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mejicano y desde los 90 hasta su desmovilización, en 2004, las comandó Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila.
Una de las víctimas del grupo paramilitar fue María Doris Anzola, habitante de Yacopí (Cundinamarca), quien estuvo al borde de ser asesinada por buscar el cuerpo de su hermano.
“Hace 30 años me mataron un hermano, tenía 20 añitos, me lo mataron, fue el único cadáver que se encontró en la época de 30 años, ya lo habían enterrado cuando lo encontré, el pueblo lo volví al revés con tal de encontrar a mi hermano y mostrar quiénes habían sido. Me iban a matar, me llevaron a la brigada, duré un tiempo, 6 meses en la brigada, me estaban protegiendo para que no me mataran”, expresó Anzola, durante la presentación telemática del informe.
Anzola agradeció al Centro Nacional de Memoria Histórica el tener en cuenta a las víctimas, porque siempre el centro de los procesos son los victimarios y aprovechó para preguntar al Gobierno qué pasa con las ayudas a las víctimas: “Cuáles son las ayudas del Gobierno para las víctimas de Yacopí? Esta es una región olvidada, yo no he recibido cien pesos del Gobierno, cuáles son las ayudas que dicen que hay para las víctimas”.
Para los investigadores que adelantaron el informe, el accionar paramilitar de las Autodefensas en ese departamento quebró profundamente el tejido social y dejó en el aire un ambiente de estigmatización a los liderazgos comunitarios.
“Encontramos una pérdida del liderazgo social, una pérdida de la organización social, una estigmatización de la organización social como si la organización social fuera un referente del enemigo, como si organizarse socialmente fuera un tema más propio de grupos armados ilegales de extrema izquierda”, indicó León Rodríguez, investigador del Centro de Memoria Histórica.
Además, dentro del informe también se indica que la incursión del narcotráfico afectó también la cultura campesina del territorio, porque los pobladores veían cómo el negocio de la droga era más rentable que los cultivos legales.
Este informe, que provienen principalmente de los municipios de Yacopí, La Palma, Caparrapí, Puerto Salgar, Topaipí, El Peñón y Bogotá, es el No. 7 de la serie “Origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”.
Por Infobae
