El presidente colombiano Gustavo Petro no descartó el miércoles romper relaciones diplomáticas con Guatemala y aseguró que está en manos de ese país “hasta donde quieran llevar la situación”, en medio de la tensión política que atraviesan por la arremetida legal del país centroamericano contra un ministro colombiano.
“Esas venganzas de politiqueros y corruptos nosotros no las vamos a aceptar, más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional, así que ellos toman sus decisiones, nosotros las nuestras”, aseguró Petro a la prensa desde Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial de Davos.
El desacuerdo inició el lunes luego de que el Ministerio Público de Guatemala anunciara que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiano y quien lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, cerró en 2019 y Velásquez tuvo que salir de Guatemala por tensiones con el presidente Jimmy Morales a raíz de sus investigaciones. La CICIG llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina y acusó a más de 1.500 personas por corrupción, entre ellas a funcionarios de gobierno, jueces y empresarios.
Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU António Guterres, indicó el miércoles que el personal internacional que trabajó en la CICIG -como Velásquez- goza de “privilegios e inmunidades”, que continúan incluso cuando ya no están en sus puestos en virtud del acuerdo hecho entre la ONU y el gobierno de Guatemala.
Agregó que el secretario general ha manifestado su preocupación por los “numerosos informes apuntando a que la persecución penal se esté ejerciendo contra aquellos que buscaron esclarecer casos de corrupción y obraron por fortalecer el sistema de justicia” en Guatemala.
Horas antes, el canciller colombiano Álvaro Leyva dio un mensaje más moderado que Petro y aseguró que la decisión de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Guatemala no significaba que se fueran a revisar las relaciones con ese país.
Leyva, en declaraciones al medio colombiano RCN desde Suiza, rechazó la investigación contra Velásquez y sostuvo que “no es una acción del gobierno (guatemalteco), sino de una fiscal que está siendo investigada por los Estados Unidos”. Agregó que la embajadora Victoria González Ariza fue llamada a consultas para aclarar lo que está ocurriendo en Guatemala.
“Queremos que se pueda continuar con una relación como la que tenemos hasta el momento con Guatemala, consideramos que es un Estado necesario dentro la unidad latinoamericana, que es lo que estamos buscando”, agregó el canciller.
Guatemala también llamó a consultas a su embajadora en Colombia, Reagan Vega Santizo, y lamentó que Colombia vuelva político “un tema de orden legal tomando decisiones abruptas” sin seguir los canales diplomáticos.
La víspera el presidente Gustavo Petro -el primero de izquierda en la historia de Colombia- advirtió que si el país centroamericano insiste “en apresar hombres justos, nosotros nada tenemos que ver con Guatemala”. Petro ha dado un respaldo irrestricto a su ministro y ha dicho que “jamás” aceptará una orden de captura en su contra proveniente de Guatemala.
Las acciones legales, de las que aún no se conoce una orden de aprehensión, fueron anunciadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que dirige el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2021 por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción. Según el fiscal, Velásquez debe responder por “actos ilegales y abusivos” cometidos cuando estuvo al frente de la CICIG en un supuesto caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
Velásquez dijo en un comunicado que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala y que en todo caso actuó con “total transparencia”.
Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU y Peter Stano vocero de la Unión Europea (UE), se unieron a las muestras de preocupación por la criminalización de miembros de CICIG y de quienes luchan contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
“Estas acciones prolongan tendencia de persecución e intimidación contra quienes participan en investigaciones o juicios relacionados con lucha contra corrupción”, dijo Peter Stano, vocero de la UE.
