El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos, críticas de la Unión Europea (UE) y el rechazo de 39 países y gobiernos que desconocen los resultados de las elecciones de este domingo al considerarlas ilegítimas y antidemocráticas, en las que Ortega se agenció sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo, tras inhabilitar y detener a siete aspirantes opositores.
La comunidad internacional no tardó en reaccionar a los resultados de los comicios catalogados como una “farsa”, “elección de pantomima”, y hasta de “una burla”.
La Unión Europea (UE) denunció que las elecciones “se llevaron a cabo sin garantías democráticas” y consideró que “sus resultados carecen de legitimidad”.
Los comicios “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático”, señaló el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell. “La integridad del proceso electoral fue aplastada” por el encarcelamiento, “hostigamiento” e “intimidación” de opositores, señaló el jefe de la diplomacia europea a nombre de los 27 países del bloque.
Mientras que por separado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró a periodistas que las elecciones “han sido una burla, una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia”.
Sus vecinos cercanos como Costa Rica, Panamá y Guatemala, también demandaron a Ortega el restablecimiento de las garantías democráticas y la liberación de los presos políticos.
Panamá rechazó “las condiciones excluyentes del proceso electoral” y lamentó que el régimen de Ortega no cumpliera con las “garantías mínima requeridas para llevar a cabo elecciones libres, participativas, justas, transparentes”.
Mientras que Guatemala dijo lamentar “que no se haya cumplido con las condiciones para una elecciones libres, justas”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció en un comunicado “una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”.
El gobierno de Ortega “amañó el resultado mucho antes del día de las elecciones” al encarcelar a 39 figuras de la oposición, incluidos siete aspirantes a candidatos presidenciales, y “bloquear partidos políticos”, dijo el texto difundido por la Casa Blanca, que amenazó con imponer nuevas sanciones al gobierno nicaragüense.
Colombia, que mantiene un pleito limítrofe en el Caribe con Nicaragua, desconoció el resultado de los comicios. “No fueron unas elecciones libres (y) esto no nos tiene que sorprender, porque esto era crónica de un fraude anunciado”, dijo el mandatario Iván Duque en una declaración a medios.
La cancillería chilena estimó en un comunicado que el acto electoral en Nicaragua “careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente”, debido a que “la jornada se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, incluyendo represión de la oposición y “ausencia de observadores internacionales”.
En una nota la cancillería de Uruguay afirmó que los comicios nicaragüenses “carecen de legitimidad, al no haberse enmarcado en estándares internacionalmente reconocidos (…), ni contar con las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos”.
EE.UU. advirtió con imponer nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega, tras ser declarado vencedor de unas elecciones “no democráticas”.
“Aunque Ortega y Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, las elecciones no democráticas de Nicaragua no les proporcionan ni pueden proporcionarles un mandato democrático para gobernar”, dijo Blinken.
El secretario de Estado afirmó que trabajará con otras democracias, incluso a través de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra esta semana, para “presionar por una vuelta a la democracia a través de elecciones libres y justas y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua”.
El presidente Joe Biden se apresta a firmar un arsenal de medidas bajo la ley RENACER -aprobada por el Congreso la semana pasada-, para aumentar la presión sobre el gobierno.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que podría suspender al país del bloque regional, aunque expertos creen que el aislamiento empeorará la situación y disparará aún más la migración.
El nuevo mandato de Ortega y Murillo “vaticina la perpetuación” de la “estrategia represiva contra voces críticas” y “la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
