El nuevo presidente enfrentará su primera prueba.
El nuevo gobierno de México liderado en el congreso federal por un grupo político progresista que por décadas ha navegado con bandera de izquierda tiene en estos días su primera confrontación con el ala más conservadora de la sociedad mexicana que podría poner fin a la luna de miel con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
¿La razón? La legalización del aborto en todo el país.
El presidente de la cámara de diputados Porfirio Muñoz Ledo, hombre clave del Partido Morena, anunció que este martes 23 de octubre presentaría una reforma constitucional u otro mecanismo legislativo para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación tal y como se hace desde hace 11 años en la Ciudad de México.
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, de abril de 2007 al 3 de octubre de 2018, en la capital del país se han realizado en total 202,067 abortos legales (18,369 cada año) en centros de salud públicos, de los cuales, una quinta parte han sido a mujeres de otros estados del país que, al verse impedidas en sus localidades, viajan para hacerlo en la CDMX .
“Esto quiere decir que hay una realidad que no se ha querido ver en una parte de la sociedad: que la mujer quiere decidir sobre su propio cuerpo y que no es un asunto religioso sino de salud pública”, advirtió Shanin Corona, dirigente de la organización feminista Rosas Rosas, integrado por mujeres de entre 20 y 25 años que hace cabildeo a favor.
Este lunes, Rosas Rosas envió una iniciativa ciudadana a la presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de diputados, Miroslava Sánchez, y a María Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, en la cual argumentan (y “lamentan”) que desde que en 1931 no se haya hecho ninguna modificación al Código Penal Federal que penaliza el aborto.
Esto significa que desde México post revolucionario, cuando la Iglesia Católica aún tenía una fuerte influencia política, el aborto se define como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y que se castigue con entre seis meses hasta cinco años de prisión aún cuando la mujer sea violada.
¿El resultado? Según estadísticas recopiladas por la organización civil GIRE tan solo entre enero de 2007 y diciembre de 2016 se reportaron 4,264 denuncias en procuradurías o fiscalías, 531 juicios penales y 228 sentencias en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo en algún estado del país.
“Lo más lamentable es la imposibilidad de muchas niñas y adolescentes a las que por violencia, desinformación o porque simplemente se les rompió el condón puedan recurrir a esta opción”, advirtió Abigail Esteban, abogada de Rosas Rosas. “Esto además de alrededor de un millón de abortos clandestinos que calcula el Instituto Guttmacher que han puesto en riesgo la vida del mismo número de mujeres”.
LA OPOSICIÓN
Desde otra perspectiva, miles de personas marcharon en los estados más conservadores del país el pasado fin de semana con miras a persuadir al legislativo en contra de la interrupción del embarazo. Encabezados por organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, diputados del Partido Acción Nacional y líderes del Consejo Coordinador Empresarial gritaron al unísono consignas “a favor de la vida”.
“México, valiente, defiende al inocente”, se escuchó en Puebla, una de las ciudades más religiosas del país. “Yo estudié para salvar, no para matar”, gritaron médicos y enfermeras en Nayarit”.
Los argumentos de los contrarios al aborto sostienen que ya existen métodos anticonceptivos que deberían de servir para evitar un embarazo en lugar de llegar al extremo de matar a un “ser vivo” que representa un feto según sus criterios.
Por: La Opinión.
