Existe la certeza de que, al menos, 49 nicaragüenses permanecen en las cárceles del régimen por razones políticas y quedaría por verificar la situación de otras 19 de las cuales no se sabe si fueron liberadas o continúan presas.
Recientemente Daniel Ortega negó que quedaran presos políticos en Nicaragua. Acusó a quienes reclaman su libertad de mantener “una campaña de infamia y difamación” contra su gobierno y pidió a los países interesados que le pasen la lista “para enviárselos”.
“Teníamos más de 200 presos, que ellos llamaban presos políticos, que no eran más que terroristas. Entonces, en febrero, como los Estados Unidos son los que más gritan por los presos políticos, les dijimos: llévenselos, ahí están. Mandaron un avión y ahí se fueron los 222″, recordó Ortega en un encuentro sostenido en Managua el 15 de abril.
Ahora están inventando que hay más presos políticos. Les digo a esos gobiernos, junto a los Estados Unidos, que nos pasen la lista que ahí se los vamos a mandar”, añadió Ortega.
El 9 de febrero pasado, en una movida sorpresiva, el régimen de Daniel Ortega sacó de las cárceles a 222 presos políticos, los montó en un avión y los envió a Estados Unidos. El destierro de estos nicaragüenses, a quienes además despojó de su nacionalidad, se ejecutó gracias a un acuerdo secreto con Estados Unidos, que solo se conoció el día de la operación de destierro.
Según organismos de derechos humanos, Ortega utiliza la estrategia de “puerta giratoria” mediante la cual libera a algunos presos políticos, mientras apresa a otros, con el propósito de sofocar cualquier intento de crítica o protesta y mantener fichas ante una eventual negociación.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y condenado a 26 años de prisión por los delitos de “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”, es el preso político más visible del régimen de Ortega.
Álvarez fue apresado el 19 de agosto del año pasado, como parte de una ofensiva que mantiene el régimen nicaragüense contra la iglesia católicadesde agosto pasado.
Esta ola represiva llevó a la cárcel a 10 religiosos, de ellos siete sacerdotes. Al menos 11 clérigos salieron al exilio, otros han sido expulsados y desterrados y se ha prohibido la realización de tradicionales festividades católicas, según una investigación realizada por la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina.
Hasta diciembre del año pasado, la investigadora Molina documentó396 agresiones de parte del régimen a la iglesia católica desde abril de 2018. Estos ataques van desde encarcelamiento y destierro de sacerdotes hasta embestidas físicas, sacrilegios, y campañas de difamación.
Monseñor Álvarez formaba parte del grupo de presos políticos a desterrar el 9 de febrero, pero se negó a abordar el avión provisto por Estados Unidos, gobierno que puso como condición que la salida del país fuese voluntariamente aceptada por los ahora desterrados, según relató el propio Ortega.
La negativa del obispo irritó al dictador nicaragüense quien ordenó que se le cambiara el régimen de “casa por cárcel” por una celda en la cárcel Modelo, del Sistema Penitenciario del país, y se le condenó tres días después, en un juicio expreso y adelantado, a 26 años y cuatro meses de cárcel.
Ante la presión internacional, incluyendo la delpapa Francisco, para saber de la suerte de obispo encarcelado del cual no se tuvo noticias durante los 43 días posteriores a su condena, el régimen de Ortega presentó “una prueba de vida” en una cena con familiares que llegaron a visitarlo al penal el sábado 25 de marzo.
El hecho filmado y trasmitido por medios de comunicación oficialistas, lució falso para los opositores que lo llamaron “una teatral puesta en escena”.
La ex guerrillera y ex presa política, Dora María Téllez, dijo reconocer esas presentaciones como Efecto Cenicienta. “La escenografía. Cortinas para crear ambiente y ocultar las paredes; muebles de sala, comedor con mantel y hielera de mesa. Platos servidos y demás. Parecida a la parafernalia que montaron en diciembre y enero con nosotros. Yo le llamé a eso “Efecto Cenicienta”, porque después del teatro regresás a la celda en las condiciones conocidas”, expresó.
Más de un mes después de la “prueba de vida”, no se ha sabido de monseñor Álvarez.
Para el Monitoreo Azul y Blanco, la mayoría de los detenidos en abril “son feligreses de la iglesia Católica que quisieron organizar viacrucis o que participaron de festividades de Semana Santa, como las judeas, la procesión de los cirineos y la reseña. Incluso un sacerdote fue detenido, pero ya fue liberado”.
Entre los detenidos en esta nueva ola está Olesia Muñoz, soprano del coro de la iglesia de Diriá y apresada el Jueves Santo 6 de abril, cuando se disponía para ir a cantar la misa del inicio del triduo pascual en la parroquia San Pedro de su municipio.
El periodista Víctor Ticay, 31 años, fue encarcelado el miércoles de Semana Santa después de filmar una procesión religiosa en el pueblo de Nadaime.
El 3 de abril fue capturado Abdul Montoya Vivas, de 64 años, y acusado de tenencia ilegal de armas. Hasta ahora su familia no lo ha visto ni sabe en qué condiciones se encuentra. Tanto Olesia Muñoz como Montoya Vivas, fueron prisioneros políticos de las redadas de opositores de 2018.
Se conoció también el caso de un adolescente de 17 años que fue apresado el 19 de abril en Morrito, Río San Juan, después de hacer una publicación de Facebook en la cual mencionaba los asesinatos de 2018. El adolescente fue liberado después que la madre se comprometiera ante la Policía a llevarlo a Costa Rica “y no volver nunca”, según informaron medios locales.
