El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) ha presentado hoy un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, instando a la Asamblea Legislativa a revocar el decreto legislativo que prolonga el régimen de excepción en el país.
Según el informe titulado “El estado de los derechos humanos en El Salvador”, durante el año 2023 se ha observado una “violación sistemática de los derechos fundamentales” en la nación centroamericana. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran la anulación del acceso a la justicia y las garantías procesales, así como un preocupante aumento en las penas impuestas.
El OUDH también ha señalado la falta de mecanismos efectivos de control, citando la admisión de solo cuatro de las 3,000 solicitudes de habeas corpus o recursos de exhibición personal presentadas. Esto ha generado un ambiente de impunidad que ha permitido que continúen las violaciones a los derechos humanos.
A pesar de un posible subregistro en las cifras oficiales, el informe revela que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió denuncias de 903 víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que representa una disminución del 11 % en comparación con el año anterior. Entre estas denuncias, 373 corresponden a presuntas violaciones al derecho a la integridad, siendo este el segundo derecho más vulnerado después de la libertad.
Además, el informe destaca un preocupante aumento en la letalidad policial, con un total de 34 personas particulares fallecidas en enfrentamientos durante el año 2023, lo que representa un incremento del 26 % respecto al año anterior. Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, señaló que este aumento en la letalidad es alarmante y muestra una situación cada vez más preocupante en materia de derechos humanos en El Salvador.
El documento también hace hincapié en la alarmante situación carcelaria en el país, con una tasa de privación de libertad que continúa siendo la más alta de la región. Actualmente, hay un total de 104,747 personas privadas de libertad en El Salvador, lo que equivale a 1,652.45 por cada 100,000 habitantes, con un nivel de hacinamiento en las prisiones que alcanza el 298.79 % fuera del Centro de Cumplimiento de Condenas de Tonacatepeque (CECOT).
Además, se reportaron 116 muertes bajo custodia estatal, 26 de las cuales fueron catalogadas como supuestas ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía ha archivado las investigaciones sobre 142 de estas muertes, lo que plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema de justicia del país.
El informe del OUDH concluye con un llamado urgente a las autoridades salvadoreñas para que tomen medidas inmediatas para revertir esta preocupante situación y garantizar el respeto de los derechos humanos en el país.
