El Juzgado Especializado de Instrucción “C” instaló ayer, la audiencia de imposición de medidas en contra de 34 supuestos integrantes de una red que se dedicaba a intercambiar vídeos, imágenes y fotografías de pornografía infantil a nivel internacional.
“Fiscalía y abogados defensores han coincidido al inicio de este proceso judicial que los sospechosos no eran productores de este tipo de material, que compartían en diferentes grupos de WhatsApp.
La Fiscalía reconoció que los acusados adquirieron y difundían material pornográfico infantil que extraían de la “internet profunda” o más conocida como “deep web”, que acceden las bandas y mafias del crimen organizado.
Dejó claro que los hallazgos todavía no han establecido que en El Salvador haya producción de vídeos e imágenes en los que se aprecie niños y adolescentes, obligados a sostener actividades de índole sexual.
“Todavía eso es una investigación que está en curso”, afirmó la fiscal.
El abogado Carlos Avelar, defensor de Ever Bolaños, es del criterio que vía WhatsApp cualquier persona puede recibir material prohibido que él no ha solicitado ni comprado de forma intencional.
“Además, ¿dónde está el sujeto pasivo o víctima que manda la Ley que se cumpla… ¿dónde están los menores, qué edad tienen, de qué nacionalidad son?… Estos son los vacíos de la Ley Especial contra los delitos Cibernéticos y Conexos, que se está aplicando y que la defensa hará saber a la juzgadora”, destacó Avelar.
Sostuvo que se está frente a pornografía infantil que fue creada en otros países y que ha llegado a El Salvador, “donde le pudo llegar a usted, a él, simplemente vía WhatsApp, y sólo por eso, le vamos atribuir un delito a una persona, sin conocer si fue de su voluntad obtenerla”, se preguntó Avelar.
Por su parte, el abogado Rey Nóchez, dijo que Fiscalía ha violado el artículo 24 de la Constitución que dice: “las comunicaciones de toda clase son inviolables y solo puede intervenir por autorización judicial”.
Supuestamente, el teléfono incautado no es de uno de los acusados sino de su madre y cuando le dicen que la van a detener, ella alega que es de su propiedad, pero lo utilizaba su hijo.
“Ahí hay una gran duda, sobre quién usa el celular. Además, porque le lleguen mensajes prohibidos no significa que forme parte de la estructura, debe haber un lucro, participar en la filmación de los vídeos y actos sexuales, subirlo a la red y eso no está establecido”, dijo Nóchez.
Agregó que Fiscalía ha confundido reproducir con producir, y son dos cosas diferentes; la ley sanciona a quien produce o comercializa, y no al consumidor. Además, la incautación y extracción del material se hizo sin autorización judicial.
En tanto, Fiscalía sostiene que esta es una investigación incluyó diferentes diligencias y análisis para tener la certeza que los imputados han participado en el delito que se les está atribuyendo, dijo.
