Cantidad de periodistas participaron en una audiencia en la CIDH, para el uso de software Pegasus en el cual se vieron afectados.
Pegasus es un software instalado en dispositivos IOS y Android, puede piratear teléfonos de funcionarios, activistas y más, sin que el usuario lo sepa; puede tener acceso a fotos, mensajes, localización e historial. Fue creado por la empresa israelí llamada NSO Group y solo puede ser comprada por gobiernos y cuerpos de seguridad.
Durante la audiencia que se desarrolló por Citizen Lab a través de la videollamada con los 35 aparatos de los periodistas salvadoreños, comentaron sobre la situación que había puesto en riesgo sus fuentes al notar que sus dispositivos habían sido hackeados, dejando al descubierto sus claves, información y fuentes de su lugar de trabajo.
El periodista Ezequiel Barrera mencionó, que fue notificado del hackeo en septiembre del 2020, en el que tuvieron libre acceso a la revista “Gato Encerrado”, al confirmar que habían sido espiados fue la punta del iceberg, pues su privacidad se veía comprometida y la de su trabajo
En vista de lo ocurrido la Fiscalía aseguró una investigación exhaustiva, pues según los resultados de Citizen Lab el pasado 12 de enero, detalló que dicho programa malicioso había sido operado desde El Salvador.
Es decir, pudo venderse el software a gobiernos y pudo costar cerca de los $2 millones a El Salvador.
Junto a las investigaciones de Citizen Lab se determinó, que de los 35 periodistas afectados, 31 son periodistas del periódico digital El Faro. Lo grave del caso es que las intervenciones se mantuvieron en un lapso de hasta 269 días activos, por lo que tuvieron acceso a todo.
La FGR también detalló que desde el 1 de enero de 2021 hasta el 24 de febrero de 2022, se habían registrado un total de 44 casos por ataques cibernéticos, entre ellos funcionarios y periodistas.
Un miembro de Citizen Lab (John Scott) confesó, “que no es raro que un gobierno utilice Pegasus para espiar a sus funcionarios.
La Fiscalía sostiene que las personas implicadas de las intervenciones cibernéticas, serán penalizadas conforme a la legislación interna y por violar derechos humanos.
