“Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”.
Así se pronunció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, cuyos magistrados fueron destituidos este sábado tras una votación en el Congreso que ahora controla por mayoría el partido Nuevas Ideas del presidente del país, Nayib Bukele.
La polémica votación provocó un torrente de condenas nacionales e internacionales del más alto nivel por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado y carece de respaldo legal.
Entre otras críticas destacó la del gobierno de Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador, que ya se comunicó con el presidente Bukele para expresarle sus “serias preocupaciones” sobre lo sucedido.
“Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, respondió firme el mandatario salvadoreño a las declaraciones de la comunidad internacional.
Bukele tuvo públicos enfrentamientos con los magistrados de la CSJ después de que resolvieran recursos en contra de algunas medidas que él intentó adoptar durante la pandemia. En abril del año pasado, por ejemplo, llegó a anunciar que no acataría una sentencia relativa a los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena.
Pero este sábado, el presidente salvadoreño defendió la votación de los diputados apuntando al artículo 186 de la Constitución salvadoreña que contempla que la Asamblea Legislativa puede destituir a los magistrados “por causas específicas, previamente establecidas por la ley” si la iniciativa cuenta con el apoyo de dos tercios de los diputados.
Los congresistas que apoyaron la destitución, que fue aprobada por mayoría absoluta (64 de 84 votaron a favor, incluyendo a todos los diputados del partido de Bukele y de otras formaciones aliadas), aseguraron que los magistrados “actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”.
Del mismo modo, le dieron luz verde a destituir al fiscal general, Raúl Melara, de quien dijeron que tiene “vínculos” con el partido opositor Arena que pondrían en tela de juicio su independencia, aseguraron.
Bukele también mantuvo diversos encontronazos con Melara a raíz de sus decisiones al frente de la Fiscalía, muchos de ellos públicos entre ambos a través de Twitter.
¿Qué dijeron la Sala de lo Constitucional y el fiscal general sobre sus destituciones?
Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados “inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial”.
El organismo argumentó que “con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo”, la decisión de los diputados “incide negativamente en el control del ejercicio del poder” que efectúa la Sala de lo Constitucional.
La Sala aseguró que la destitución “no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla”, e incluso si hubiese contado con un proceso previo, “afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado”.
“La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”, se lee en el texto.
Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.
“En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)…”, tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.
Horas después, Aldo Cader Camilot y Marina Marenco de Torrento —dos de los magistrados de la CSJ destituidos— publicaron sus cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculado ni han respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
En la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares.
¿Qué dijeron la Sala de lo Constitucional y el fiscal general sobre sus destituciones?
Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados “inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial”.
El organismo argumentó que “con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo”, la decisión de los diputados “incide negativamente en el control del ejercicio del poder” que efectúa la Sala de lo Constitucional.
La Sala aseguró que la destitución “no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla”, e incluso si hubiese contado con un proceso previo, “afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado”.
“La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”, se lee en el texto.
Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.
“En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)…”, tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.
Horas después, Aldo Cader Camilot y Marina Marenco de Torrento —dos de los magistrados de la CSJ destituidos— publicaron sus cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculado ni han respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
En la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares.
En la noche del domingo, el destituido Raúl Melara dijo que su expulsión fue “inconstitucional” y “carece de validez jurídica”, pero también anunció su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general por “el bienestar de su familia” y por no poder contar “con las garantías necesarias” para ejercer.
“He tenido una larga trayectoria jurídica que evidencia mi honestidad y capacidad”, dijo en un comunicado para rechazar los señalamientos en su contra.
Además, aseguró que durante su trabajo como fiscal demostró la “objetividad y probidad que requiere dicho cargo”, que realizó sus labores “de representante de los intereses del Estado y de la sociedad, siempre apegado al Derecho” y que durante su gestión se procesó a las personas “sin importar ningún interés”.
¿Qué dijo Estados Unidos?
Este domingo, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, mostró sus “profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador”.
“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió en Twitter.
Horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, dijo que se había comunicado con Bukele para expresarle la “gran inquietud” de su gobierno por lo ocurrido tras la decisión de “socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general Melara”.
Además, defendió que Melara estaba “luchando contra la corrupción y la impunidad” y era “un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por su departamento.
“Así no se hace”, sentenció en redes sobre lo ocurrido Juan González, asesor de Biden para América Latina como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
“La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”, subrayó Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.
El presidente salvadoreño mantuvo una relación muy cordial con el anterior gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, pero ha mostrado claras discrepancias con el actual Ejecutivo desde que Biden asumió el poder. El salvadoreño no recibió, por ejemplo, al enviado especial para el Triángulo Norte de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, en su visita a Centroamérica el pasado mes.
Algunos congresistas estadounidenses también se unieron a las críticas. El demócrata Albio Sires opinó que “si no se reconsidera” la destitución de los magistrados, “el gobierno de EE.UU. debe disminuir la cooperación” con El Salvador.
¿Qué otras reacciones internacionales hubo?
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó las destituciones recordando que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
“Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agregó en un comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también criticó las destituciones “sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho” en El Salvador.
Además, instó al gobierno salvadoreño a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la votación de la Asamblea.
La CIDH anunció también que ha decidido instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada en El Salvador “para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país”.
“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, dijo por su parte el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
“Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”, agregó.
“El golpe al Estado de Derecho es total (…). Quiero que a Bukele le quede claro: haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID”, tuiteó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Pero ante estas y otras críticas y condenas llegadas desde el extranjero, Bukele fue igualmente tajante a la hora de responder.
“A nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, zanjó el mandatario.
¿Qué pasó este domingo en El Salvador?
En la madrugada del domingo, el nuevo fiscal general elegido por la Asamblea, Rodolfo Delgado, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que “es el momento de ordenar la casa y que las cosas empiecen a funcionar adecuadamente”.
“El fiscal general de la República es uno para toda la nación y es quien decide cómo va a ser la política de persecución penal y, de igual forma, es el abogado del Estado. Conozco perfectamente hasta dónde llegan mis funciones y cuáles son mis obligaciones”, agregó.
Por su parte, 25 organizaciones de la sociedad civil en El Salvador condenaron lo ocurrido el sábado en la Asamblea y lo calificaron de “golpe de Estado” avalado por Bukele y los diputados que votaron a favor.
“Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una persona”, criticaron las organizaciones a través de un comunicado.
Este domingo por la tarde, manifestantes protestaron de manera pacífica en el monumento a la Constitución de San Salvador.
Entre los lemas que vitoreaban y que portaban en sus carteles se leían frases como “Sí a la democracia, no a la dictadura”, “Respeto a la Constitución”, “No al poder absoluto” o “Nayib, fascista, vos sos el terrorista”.
Sin embargo, las destituciones aprobadas en la Asamblea fueron respaldadas por muchos otros salvadoreños, que en las elecciones legislativas de febrero otorgaron una aplastante victoria al partido de Bukele con 56 de 84 diputados y llevaron a una derrota histórica a los dos partidos que gobernaron en las últimas tres décadas.
“Ya lo esperaba, prometieron sacar a todos los corruptos; vamos a ver si cumplen, hay que esperar”, dijo este domingo a la agencia AP Juan Sánchez Toledo, un desempleado de 49 años. “Espero que las cosas cambien para bien del pueblo”, afirmó.
