Luego de la publicación en el Diario Oficial del decreto que reforma la Ley de la Carrera Judicial, Cristosal demandó al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de magistrados de cámara y jueces de primera instancia y de paz mayores de 60 años destituidos de forma arbitraria, con lo cual, el gobierno demuestra que quiere jueces a la carta, dóciles e incapaces de contrarrestar los abusos de poder.
Zaida Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad, de Cristosal, explicó que en la demanda se pide a la CIDH medidas provisionales para que el Estado salvadoreño suspenda la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, por violar los derechos humanos, tanto de la población como de los servidores judiciales al expulsarlos de sus funciones, lo cual es la consumación del golpe de Estado que el gobierno ha dado al Órgano Judicial, eliminando el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución.
“Lamentamos que se esté atribuyendo corrupción en este proceso y mintiendo a la población diciendo que es una depuración judicial, cuando realmente se está expulsando del Órgano Judicial a personas con una gran trayectoria y conocimiento, además con esta reforma se pretende trasladar a todo juez que resulte incómodo para el gobierno. Ante la falta de jueces independientes no podemos esperar justicia real para las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, pero también para las víctimas de cualquier hecho delictivo, menos podemos esperar justicia contra la corrupción tanto del pasado como del presente”, afirmó.
Según Navas, por la falta de mecanismos internos y que en el país hay una sala de lo inconstitucional, es decir, su nombramiento no obedece a la Constitución, se vieron obligados a recurrir a la interamericana; El Salvador como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana, así como de la CIDH.
La jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, explicó que hay una representación de 56 jueces en la denuncia ante la CIDH, aunque esa cantidad podría ampliarse los próximos días, dado que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial representa una forma del gobierno que no consulta las decisiones, tal como también ocurrió con la Ley Bitcoin y otras acciones.
Detalló que la denuncia ante la CIDH se fundamenta en la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación,respeto al principio de legalidad, a ser juzgados mediante un procedimiento previo y legalmente establecido, con la entrada en vigencia de las reformas a la ley, magistrados de cámara y jueces de primera instancia y de paz mayores de 60 años, estarían obligados a partir de esta semana a cesar de sus funciones.
Estas reformas obligan al retiro de todos los funcionarios al llegar a los 60 años de edad y permiten que las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hagan un traslado de manera discrecional, lo cual pudiera provocar una ruptura de la independencia judicial. Esto es parte de una forma de gobernar en una forma inconsulta y de manera autoritaria, pedimos que el decreto no entre en vigencia y se restituya a los jueces destituidos arbitrariamente”, enfatizó López.
Mientras tanto, David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, señaló que esta disposición incluye la separación del juez Jorge Guzmán, quien está a cargo de la causa de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, un caso fuerte en pruebas, lo cual es el ejemplo que la destrucción de la independencia judicial golpeará los derechos de las víctimas y la población.
“El mensaje del actual gobierno es de impunidad y protección a criminales de guerra, es motivo de indignación, vergüenza nacional e internacional esta acción que paralizará el caso de El Mozote, donde por 40 años los gobiernos y altos mandos han tratado de ocultar y bloquear las investigaciones, pero el actual régimen del presidente Bukele y su alto mando dirigido por Francisco Merino Monroy, son quienes han ejercido el mayor grado de complicidad y protección a los criminales que perpetraron la masacre, esto se ha manifestado claramente a través del bloqueo y ocultamiento de archivos militares históricos, claves para la investigación judicial”, recalcó.
A criterio de Morales, la separación del juez Guzmán supone un retroceso al acceso a la justicia de las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, pues es difícil que un nuevo juez retome más de 180 piezas en tan poco tiempo, por lo cual, las víctimas sobrevivientes y familiares están en incertidumbre al ver vulnerado su derecho a la justicia.
Juan Durán, juez del Tribunal Tercero de Sentencia, calificó de “chantaje” el bono de 24 meses que aprobó Corte Plena la tarde del viernes, al buscar que los jueces acepten su salida por dinero; pues todo juez o magistrado que renuncie antes de entrar en vigencia el decreto de reforma a la Ley de la Carrera Judicial, tendrá derecho a una compensación o bono de 24 salarios.
El juez o magistrado que no renuncie antes de la entrada en vigencia del decreto, pero solicite ser incluido en el régimen de disponibilidad, se le concederá por Corte Plena, durante 5 años que podría ser prorrogable y se mantendrán las prestaciones de ley, incluido el seguro médico hospitalario. Durante el régimen de disponibilidad el juez o magistrado que renuncie, tendrá derecho a una compensación económica de 12 salarios.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos consideraron que lo ahora promovido por el Órgano Ejecutivo es una purga judicial selectiva, que otorga más poder a la Corte Plena, la cual ahora tendrá la potestad de, arbitrariamente, coaccionar a jueces que a su criterio deban ser trasladados, y también abre la conveniencia de que un juez determinado juzgue o no un caso.
