El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, rechazó por improponible, una denuncia en contra de los jueces Martín Rogel y Nora Montoya, en su calidad de magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal, por haber ordenado arresto domiciliar para Ernesto Muyshondt y Fernando Portillo, quienes son acusados de apropiaciones indebidas de retenciones.
La denuncia fue presentada por Adolfo Antonio Ramos, quien es secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), quien señaló falta de motivación e “irregularidades”, en la resolución de los magistrados.
En su resolución, López Jerez declaró improponible la denuncia, porque el denunciante “no posee legitimación activa para interponer recursos dentro de este tipo de procesos disciplinarios, pues la Ley de la Carrera Judicial no le otorga la calidad de parte, ni puede considerarse un interesado”.
Además, la resolución señala que se trata de una “actividad jurisdiccional”, de los denunciados.
los jueces denunciados, en el caso del magistrado Martín Rogel, quien fue trasladado a la Cámara Segunda de la Sección del Centro de Cojutepeque, esta denuncia es una forma de presionar a los jueces.
“Una presión hacia nosotros, que tenemos que resolver conforme a las personas estas que, cuando llegue un caso ante el juez y que sea un caso que les interese y resolver de acuerdo a como ellos pretenden que el juez resuelva, conforme a los intereses que ellos tienen, en ese sentido totalmente…si se tomó una decisión conforme a ellos, no pasa nada, pero si es una decisión que no les gusta, van a denunciar y destruyen la imagen y la figura del juez”, señaló el juez Rogel.
Rogel también opinó que el presidente de la Corte Suprema resolvió apegado a derecho, y es de la misma opinión la jueza Quinta de Vigilancia Peniteniciaria, Nora Montoya, quien en ese momento fungió como suplente en la Cámara”.
“Es una resolución que está apegada a derecho en relación a lo que establece la Ley de la Carrera Judicial y las normas que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde las cuestiones puramente jurisdiccionales, no pueden ser objeto de acciones disciplinarias”, dijo Montoya.
Ambos jueces conformaron la Cámara Tercera de lo Penal y el 19 de julio de este año, revocaron las medidas a los imputados, sin entrar en el fondo del proceso.
