Hace cinco meses el Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que se presentaría una propuesta de reforma al sistema de pensiones.
“Hoy les anuncio que en 30 días presentaremos a la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones para garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna”, afirmó en ese momento el mandatario.
Posteriormente, Bukele se reunió con organizaciones sociales y sindicatos de empleados públicos los cuales piden básicamente dos cosas: nacionalización del sistema y una tasa de reemplazo equivalente al 70 % de su último salario, cuando actualmente se está pagando entre 30 % a 40 %.
Desde entonces, no hay novedades al respecto y los funcionarios del gabinete se limitan a decir que la propuesta “continúa en análisis” o que todavía se están afinando detalles.
“Es un tema ofertado durante la campaña, mientras el ahora Presidente era candidato. Sin embargo, en su tercer año de gestión no ha resuelto ese problema y no visualizamos ni siquiera el mínimo interés que este tema se vaya a resolver”, reclamó Francisco Zelada, secretario de Organización del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública (SIMEDUCO) durante una manifestación.
Aunque elevar la tasa de reemplazo puede beneficiar a las personas pensionadas en este momento, Carlos Argueta, analista de Fundaungo, advierte que debe ser evaluada con estudios actuariales y en diferentes escenarios.
“El detalle es que no se puede elevar las tasas si eso va a perjudicar las pensiones en el futuro”, dice Argueta.
El peligro, dicen, es que si no hay una correlación entre las cotizaciones y las pensiones que se pagan pasará lo mismo que al sistema antiguo del ISSS e INPEP donde las reservas se agotaron porque se pagaban un máximo de 4 % y las pensiones llegaban hasta el 100 %.
En el país, solamente la cuarta parte de la población económicamente activa y la sexta parte de la población adulta mayor cuenta con una pensión.
Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, a septiembre de 2021, la pensión promedio por vejez del SAP asciende a $646 mientras que la pensión promedio del antiguo sistema público ronda los $453.
Del total de afiliados al sistema de pensiones, el 31.4 % recibe una pensión mínima ($304.17) y el 8.6 % iba a recibir una pensión mayor a la mínima y el 60 % iba a recibir una devolución de saldo, es decir no tiene pensión. Es decir, que tres de cada cuatro personas reciben la pensión mínima en el país.
El FMI y analistas señalan que una eventual reforma al sistema de pensiones requiere incrementar la edad de retiro. La reforma de 2017 señalaba que este año debía hacerse, pero no hay comité actuarial.
Un tema espinoso que debe ser abordado en una eventual reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) de El Salvador es la posibilidad de incrementar la edad de retiro, especialmente para las mujeres.
Expertos consultados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantean que, aunque a muchos no les guste la idea, para poder recibir una mayor pensión y dar sostenibilidad fiscal al sistema, se vuelve necesaria aumentar la edad de retiro, e incluso, subir el porcentaje que se aporta mensualmente.
El personal técnico que elaboró el documento de revisión del Artículo IV del FMI sobre El Salvador señala que considera que “se debe realizar un análisis profundo, desde un punto de vista actuarial, antes de emprender más reformas”.
Mientras tanto, algunos elementos que pueden considerarse “para aliviar la presión (que ejerce la deuda de pensiones) sobre el presupuesto (general de la nación)” son: aumento de la edad de jubilación de las mujeres y mayor indexación a la esperanza de vida para hombres y mujeres, reducción de las tarifas cobradas por las administradoras privadas, y mejor conexión entre pensiones y aportes.
“Las opciones de reforma van desde ajustes paramétricos hasta una revisión del sistema. Si bien las autoridades no han decidido una estrategia de reforma de las pensiones, ya pueden comenzar a ajustar algunas de las claras debilidades del sistema actual, en particular la edad de jubilación, que está muy por debajo de los 65 años recomendados, especialmente para las mujeres”, reitera el reporte del FMI.
De hecho, la última reforma hecha al SAP en octubre de 2017 justamente estableció que para este año estaba contemplado el aumento en un año de la edad de retiro.
Carlos Pérez, economista y experto fiscal, señala que, lo ideal, es hacer un cálculo del promedio de esperanza de vida y con base a eso definir la edad de retiro. Por ejemplo, en Europa la esperanza de vida anda en los 80 años y con base en eso se hace una pensión para que dure unos 13 años.
En El Salvador, la esperanza de vida ha aumentado con el paso de los años y hoy en día ronda los 73 años en promedio, por lo que la edad de retiro debería rondar los 65 años, aproximadamente, para reducir la carga de retirarse tan joven.
También se debe tomar en cuenta que la idea de premiar el esfuerzo de la mujer dándole un retiro a más temprana edad hace que coticen menos y al final se convirtió en “una condena” para recibir una pensión más baja.
“La lógica es que se aumente la edad y se equipare entre hombres y mujeres y es una necesidad dado el aumento de la esperanza de vida porque hay más capacidades para trabajar”, dice Pérez.
Hay que tomar en cuenta que el país cuenta con unas de las edades de retiro más bajas en Latinoamérica (55 años mujeres y 60 hombres), estas no se han modificado en más de 50 años y la población vive más tiempo.
Patricio Pineda, fundador de La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, concuerda con todo lo propuesto por el FMI y asegura que desde noviembre de 2018 ya las habían compartido con las autoridades gubernamentales, pero sin recibir respuesta. De hecho, agrega que se necesita que la tasa de cotización pase del actual 15 % al 20 % para aspirar a una pensión que ronde el 60 % del salario.
“El sistema no ha avanzado y seguimos teniendo una cobertura baja respecto a la población económicamente activa y la deuda con los trabajadores por más de $3,000 millones en intereses dejados de percibir”, dice Pineda.
Sin embargo, el problema es que desde hace varios años no se tiene ni siquiera conformado un comité actuarial (integrado por el Gobierno, trabajadores, administradoras de fondos de pensiones y representantes de organismos multilaterales) que tendría que analizar y aplicar cualquier reforma paramétrica.
Fuente : La Prensa Gráfica
