La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este Martes lo anterior tras los ataques y agresiones que la abogada ha recibido a través de Twitter y videos de Youtube.
En la resolución 76/2021 y Medida Cautelar 475-21 de la CIDH, los comisionados no pasaron desapercibidos que las expresiones fueron publicadas o diseminadas “por personas de alto perfil político en la sociedad salvadoreña, incluyendo funcionarios públicos, representantes de partidos políticos, expresidentes y personas afines del gobierno que cuentan con gran visibilidad nacional”medidas cautelares y solicitó al Estado salvadoreño que adopte medidas para proteger los derechos a la vida e integridad de Bertha María Deleón.
La CIDH concluyó que los mensajes enviados a la abogada salvadoreña a través de redes sociales no son críticas o cuestionamientos, sino mensajes que hacen “apología de agresión sexual en su contra, criminalización, e incluso se amenaza con atentar contra su vida”.
El 26 de mayo del 2021, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que otorgue medidas de protección a la abogada Bertha María Deleón.
La Comisión destacó que una única cuenta de Twitter publicó 400 tuits difuendiendo mensajes, “calificados como difamatorios” contra Bertha.
Y que entre el 28 de mayo y el 2 de junio de este año se publicaron al menos 11 videos de Youtube de diferentes cuentas, difamando a Bertha.
Las solicitantes de las medidas dicen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no solo existe la posibilidad que la violencia incremente en redes sociales, sino que trascienda a violencia física.
Para esto ejemplifican que los días 13,15 y 20 de abril del 2021 fue seguida por automóviles y dos personas en motocicletas sin placas.
Y que el 22 de abril le abrieron el vehículo y se extrajo una computadora, propiedad del colegio al que asiste su hija.
Además, que el 10 y 12 de junio de 2021, dos personas con carné de gobierno llegaron a su casa, supuestamente, a hacer una encuesta de salud, que sus vecinos no recibieron. Preguntaban cuántas personas vivían en la casa y quién mantenía la casa, a qué se dedicaban y dónde trabajaban.
El 9 y 10 de junio hubo drones sobrevolando su casa. Esto se repitió a finales de junio.
Dos semanas después de presentada la solicitud de medidas, las solicitantes informaron a la CIDH que aumentó la intensidad y mensajes en redes sociales, en contra de Bertha.
Deleón ha denunciado a través de sus redes sociales que la fiscalía ha abierto investigaciones en su contra como represalia, luego que ella acusara al excandidato a diputado por Nuevas Ideas, Walter Araujo, de expresiones de violencia contra la mujer, donde ella es la víctima.
El Estado salvadoreño respondió a la CIDH que que la solicitud de medidas “carece de sustento” y que ser defensora de derechos humanos, “no constituye per se una causa excluyente de responsabilidad penal frente al cometimiento de posibles delitos”.
Sobre las amenazas en redes sociales a Bertha, el Estado salvadoreño dijo que las mismas plataformas tienen su sistema de denuncia y de reglamentos “por lo que cuentan con sus propias políticas para prevenir comportamientos abusivos que impliquen riesgos para la seguridad de otros usuarios”.
El Estado también dijo que al ser precandidata a diputada, Bertha debía ser receptora de críticas.
Ante esto, la CIDH respondió al Estado en la resolución que “ello tiene especial importancia en sociedades democráticas, recordando que la Corte Interamericana ha sostenido que sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático”, pero añade que en este caso los mensajes contra Bertha van desde antes de ser candidata a diputada y que se relacionan con su rol como defensora de derechos humanos
Sobre el robo de la computadora, el Estado dijo que es un hecho de “delincuencia común” y no una acción de intimidación, como lo denunció la abogada Deleón. Además dijo que Bertha no ha puesto ninguna denuncia por “amenazas” ni solicitud de medidas para ella o su familia.
Deleón ha sido abogada de mujeres que fueron acusadas de homicidio agravado en situaciones de emergencia obstétricas, también fue defensora del mismo presidente Bukele, durante la campaña en un proceso de calumnia y difamación en perjuicio del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
La abogada fue conocida por su papel como querellante en el proceso penal en contra del expresidente de la República, Francisco Flores.
