La comunicadora Ana Teresa Arévalo, del Eje de Justicia de Género del Comité de Oxford para el Alivio del Hambre (OXFAM), presentó los resultados de un estudio realizado en colaboración con 13 países de Latinoamérica. Este trabajo contó con la participación activa de jóvenes entre 15 y 35 años. En su segunda edición, el estudio se centró en la violencia y la desigualdad en la región, destacando problemáticas como la violencia de género y las estructuras patriarcales profundamente arraigadas.

Según Arévalo, los hallazgos del estudio evidencian que la violencia basada en género sigue siendo un problema persistente, afectando principalmente a mujeres jóvenes, mestizas y de escasos recursos. Además, la violencia de género está estrechamente vinculada con la falta de autonomía económica, lo que impacta la vida de las mujeres de manera significativa a lo largo del tiempo.

El informe también subraya cómo las oportunidades de las niñas son limitadas desde temprana edad, muchas de las cuales no son incentivadas a estudiar o a superarse. Aquellas que logran acceder a la educación universitaria enfrentan obstáculos adicionales, como las responsabilidades de cuidado en el hogar, lo que dificulta su acceso al empleo y perpetúa su pobreza y vulnerabilidad ante la violencia.

A nivel regional, el estudio muestra que las raíces estructurales de la violencia y la desigualdad siguen siendo las mismas. Por ello, OXFAM hace un llamado a fortalecer las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la violencia, que continúan afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Según el informe, el 52% de los jóvenes consultados ha experimentado discriminación por su apariencia física o color de piel, el 24% por su situación económica, y el 18% por su trabajo como defensores de derechos humanos.

Arévalo también destacó que, a pesar de los avances en algunas áreas, persisten graves deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto adecuado para implementar medidas efectivas. En este sentido, OXFAM insiste en la necesidad de aumentar el financiamiento destinado a garantizar la justicia de género y racial, e integrar la perspectiva de género e interseccionalidad en las políticas públicas de la región.

El estudio concluye que la violencia de género en América Latina no es solo un problema individual, sino una crisis estructural que afecta a millones de personas. Abordar esta crisis requiere un compromiso firme de las autoridades, mayor financiamiento y un cambio cultural sostenido para construir sociedades más justas y seguras para las mujeres y niñas en la región.