Emilia tenía 83 años y quería morir. Llevaba años postrada en la cama sufriendo dolores por causa de una luxación de cadera congénita, que le provocó un grave deterioro físico. No había solución de mejora.
A pesar de vivir en un tercer piso sin ascensor y tener las extremidades inferiores inmovilizadas, al principio Emilia conseguía bajar a la calle ayudada de un andador. Después, subía a casa gateando, según detalla el Diario de Aragón. Ya desde 2019, su vida se limitó a ir de la cama al sofá, y viceversa, en su casa en Zaragoza, en el noreste de España. Su mente, sin embargo, permanecía lúcida.
España aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en marzo. Pocos días después de su entrada en vigor, en junio, Emilia reclamó sin éxito su derecho a la eutanasia. Volvió a hacerlo en otras tres ocasiones y siempre fue ignorada. El sábado, superada por la situación, se tiró al vacío desde el balcón de su vivienda.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que Emilia era socia, denuncia que tanto la médica de familia de la anciana como otros responsables del centro de salud “obviaron los procedimientos exigibles” y ni siquiera llegaron a tramitar su solicitud. “Cumplía en lo fundamental las condiciones que señala la LORE para quienes desean morir dignamente y poner fin a sus padecimientos”, subraya en un comunicado del que se hace eco la prensa local.
“Vemos que será preciso seguir luchando para lograr que se lleve a efecto lo aprobado en el Parlamento español por abrumadora mayoría”, lamenta.
Desde la asociación exigen que las comunidades autónomas, que tienen las competencias sanitarias, establezcan procedimientos y creen organismos para que la ley se cumpla. “Nos preocupa que algunas intenten boicotearla”, advierten.
“Mejorar los procedimientos”
En referencia a Emilia, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, dijo este martes a la prensa que hubo un retraso en el inicio de los trámites, porque el médico de cabecera de la anciana se declaró objetor y no fue sustituido.
Repollés aseguró que se han establecido “una serie de mecanismos para controlar esta situación” y que, en el caso concreto de Emilia, “se han depurado responsabilidades” a quienes no supieron “ejecutar los procedimientos en tiempo y forma”.
“Hemos establecido ya una serie de mecanismos para controlar este tipo de situaciones. Mejoraremos los procedimientos para que no vuelva a suceder”, añadió.
La nueva legislación establece que podrá ejercer el derecho a la eutanasia cualquier persona mayor de edad residente en España que sufra “una enfermedad grave e incurable” o “crónica e invalidante” que provoque un sufrimiento “constante e intolerable”. Además, deberá disponer de toda la información sobre alternativas, como los cuidados paliativos.
Una de las últimas personas a las que se le aplicó la eutanasia en este país fue a Javier, un hombre con esclerosis lateral amiotrófica, y cuyo caso se convirtió el primero de la Comunidad de Madrid. Tras cuatro largos meses de espera, las autoridades locales autorizaron su petición.
“Me voy feliz”, dijo Javier en una entrevista que concedió el día anterior al deceso. “Estoy contento, porque sé que me voy mañana, y triste a la vez, por la gente que quiero”, aseguró.
