La Administración del presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, acusándola de interferir con la aplicación de las leyes migratorias federales debido a sus políticas de “ciudad santuario”.

El recurso legal, interpuesto en el Tribunal del Distrito Central de California, señala directamente a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson, como responsables de impulsar una ordenanza que, según la Casa Blanca, limita la cooperación con agencias federales de inmigración.

La demanda se centra en la ordenanza denominada Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement, aprobada en diciembre de 2024, la cual prohíbe que recursos municipales sean utilizados por entidades como el ICE o la CBP para realizar detenciones u operativos migratorios dentro del territorio angelino.

Para el fiscal federal Bill Essayli, esta legislación representa un “obstáculo intencional” a la ley federal y contribuye a generar un entorno “anárquico e inseguro”. En declaraciones oficiales, señaló que la ciudad ha ayudado a inmigrantes sujetos a deportación a evadir a las autoridades y que esta conducta constituye obstrucción a la justicia.

La demanda también acusa a la ciudad de incitar disturbios y violencia durante recientes operativos migratorios federales. En ese contexto, el presidente Trump desplegó hace unas semanas a 4.000 soldados de la Guardia Nacional en California, sin la autorización del gobernador estatal, en una decisión sin precedentes en seis décadas.

La ciudad de Los Ángeles fue declarada oficialmente como “ciudad santuario” este año, pero ya contaba desde hace casi cinco décadas con una política policial que impide a los agentes interrogar a personas sobre su estatus migratorio sin causa legal.