De cada 10 presos en México, 4 están encarcelados sin sentencia, una realidad que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere transformar con el inédito decreto que le otorgará la libertad a 682 personas privadas de libertad, que fueron torturadas o víctimas de retardo procesal.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó este martes que los internos serán liberados el 15 de septiembre en diversas partes del país. El requisito indispensable para que las personas puedan gozar de ese beneficio es que no hayan sido recluidos por delitos de sangre.
Los que podrán acogerse al decreto son personas que fueron torturadas, que no han recibido sentencia en 10 años y están detenidas por delitos no graves, o que forman parte de la población de adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas o terminales.
“Al momento se tienen ubicados 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva, que fueron sujetos análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponde a cada caso”, informó el funcionario.
En el caso de los presos que alegan haber sido víctimas de tortura y tratos degradantes, el Gobierno ha anunciado que se someterán al protocolo de Estambul, un procedimiento internacional que verifica de manera eficaz la comisión de este tipo de delitos perpetrados por las autoridades públicas.
Hasta julio de 2021, había en México 220.114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94.547 personas (43 %) todavía no tenían una sentencia.
“Confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad”, agregó el titular de la Secretaría de Gobernación.
Según cifras oficiales, el 87 % de toda la población carcelaria en México está detenida por delitos del fuero común, o lo que es lo mismo, que afectan a personas en lo individual, como robos, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, fraude, homicidio, abuso de autoridad, entre otros.
El otro 13 % de los reos habría perpetrado delitos del fuero federal que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la Nación, como portación de armas de fuego sin licencia, narcotráfico, daño y robo al patrimonio arqueológico, delitos electorales y ambientales, contrabando y defraudación fiscal, entre otros.
Inédita política judicial
El proceso de liberación de presos ya ha comenzado en algunas entidades del país, como Chiapas, donde al menos 180 personas han sido puestas en libertad, al igual que en Ciudad de México, donde otros 40 reos salieron de las cárceles.
La medida llega ahora, pero ha estado constantemente en la agenda del mandatario mexicano, quien insiste en la necesidad de transformar el sistema judicial en su país porque el retraso procesal es responsable del encarcelamiento ilegal de casi 95.000 personas, ya que siguen en prisión a pesar de que superan los dos años sin sentencia.
A esta situación, que contribuye al hacinamiento en los recintos penitenciarios, se suman las múltiples violaciones de derechos humanos que se cometen contra miles de presos en México. Por eso, a finales de julio de este año, López Obrador recalcó que la secretaría de Gobernación debía ejercer un nuevo rol, lejos de “la represión y el autoritarismo”, y más cerca de “la protección de los derechos humanos y a justicia“.
El decreto en el que se establecen los requisitos para la liberación de presos fue publicado el pasado 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, el pasado lunes, el presidente mexicano recalcó que las liberaciones tienen un obstáculo adicional, incluso para el propio Gobierno: la enorme burocracia del aparato judicial, a la que calificó como un “elefante mañoso y reumático” al que hay que empujar para que camine.
Hasta julio de 2021, había en México 220.114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94.547 personas (43 %) todavía no tenían una sentencia.
