Perú enfrenta su quinto día consecutivo de protestas en Machupicchu pueblo, Cusco, por el nuevo sistema de compra en línea de boletos para ingresar a Machu Picchu. Los manifestantes exigen la anulación del contrato con la empresa privada Joinnus, encargada de la venta, y la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

Las calles y comercios lucen desérticos debido al paro indefinido. El Gobierno designó a Joinnus para gestionar la venta de entradas, acusación que los manifestantes califican como “privatización sistemática”. La ministra Urteaga y funcionarios locales de Cusco se reunirán en una mesa de diálogo en respuesta a los disturbios.

La medida gubernamental, impulsada el 20 de enero tras detectar desbalances en la recaudación en 2023, provocó la evacuación de cientos de turistas nacionales y extranjeros durante el fin de semana. Joinnus asegura que no busca la privatización y propuso adelantar el contrato que culmina en agosto. Sin embargo, los manifestantes insisten en la anulación.

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco recibió la solicitud de los protestantes para cerrar Machu Picchu “por medidas de seguridad” durante la huelga indefinida. Los servicios de trenes, como PeruRail, suspendieron temporalmente operaciones desde el sábado, y la concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. informó que la paralización continuará hasta nuevo aviso. La Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo ya reportó pérdidas económicas en Cusco.