La Fundación El Amparo anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y miembros de su cadena de mando, por la deportación y detención de más de 200 venezolanos enviados desde Estados Unidos a territorio salvadoreño, presuntamente vinculados al grupo criminal Tren de Aragua.

Walter Márquez, presidente de la ONG, señaló en rueda de prensa que recurrirán a la CPI por lo que considera una “responsabilidad personal” de Bukele en las “detenciones arbitrarias” de estos migrantes, actualmente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La organización también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares a favor de los venezolanos. El objetivo, según Márquez, es que se respete el debido proceso y se exija la liberación inmediata de los detenidos, quienes no enfrentan cargos ni juicios en El Salvador.

Márquez denunció que los migrantes permanecen incomunicados, aislados y sin información sobre su situación legal. Aseguró que varios de ellos han sido víctimas de maltrato, por lo que pidió a las autoridades salvadoreñas abrir una investigación de oficio.

La Fundación intentó recientemente visitar a los detenidos junto a familiares, pero no logró acceder a ellos. Según Márquez, ya se han presentado recursos de habeas corpus, sin recibir respuesta por parte del sistema judicial salvadoreño.

En mayo, la ONU expresó preocupación al considerar que este grupo podría estar en situación de desaparición forzada, dada la falta de información oficial sobre su paradero. La portavoz del organismo, Liz Throssell, advirtió sobre la “incertidumbre total” en torno a su estatus legal tanto en EE. UU. como en El Salvador.