El Gobierno de Chile consideró este miércoles como uno de los hechos más graves en materia de seguridad pública reciente la detención de seis suboficiales del Ejército, acusados de participar en una red de narcotráfico que operaba desde la frontera con Bolivia hasta Santiago.

La operación, difundida esta semana por el Ministerio Público, permitió incautar 192 kilos de cocaína y pasta base, con un valor estimado de tres millones de dólares. Los militares detenidos, pertenecientes a la II Brigada Acorazada “Cazadores” de Iquique, fueron dados de baja por la institución castrense y se espera que enfrenten cargos formales en los próximos días.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el caso como una amenaza directa a la integridad de las instituciones del Estado. “No hay medias tintas en esto. Cuando una organización criminal penetra una institución armada, los efectos pueden ser irreversibles para el país”, afirmó en rueda de prensa.

La investigación se originó tras una denuncia interna dentro del Ejército, gracias a los controles propios de la institución. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que fue este aviso el que permitió iniciar el despliegue policial que culminó con las detenciones.

Chile no figura entre los países productores de droga en Sudamérica, pero se ha convertido en un punto estratégico de tránsito y distribución hacia mercados en Asia, Europa y Estados Unidos, debido a su red portuaria. En los últimos años, el crimen organizado ha expandido su presencia en el país a través de distintas actividades ilícitas, elevando las preocupaciones en torno a la seguridad nacional.