El máximo órgano consultivo dará hoy luz verde al recurso ante el Constitucional
El presidente del gobierno Mariano Rajoy, y la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría, en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados (Javier Lizón / EFE)
El Gobierno central va a obtener ahora lo que no logró hace dos meses, el aval de Consejo de Estado a su estrategia contra Puigdemont. La permanente del Consejo se reúne hoy y dará pleno apoyo al recurso contra la ley de Presidència.
En enero último saltaron chispas entre el Ejecutivo y su máximo órgano consultivo. El Gobierno quería un rápido respaldo para las iniciativas legales que había preparado con el fin de impedir a toda costa la investidura del expresident Puigdemont. Lejos de proporcionarle su apoyo, el Consejo de Estado le dio unas sonoras calabazas, y le dijo que el recurso de inconstitucionalidad que pretendía presentar era totalmente improcedente.
Los consejeros no apoyaron el anterior recurso, pero ahora el Gobierno ha preparado mejor el terreno
Los consejeros decidieron sin fisuras, por unanimidad, que el Gobierno se había precipitado al pretender sembrar de clavos el pretendido camino de vuelta de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. Dijeron que la impugnación del pleno del Parlament convocado para investir al candidato de JxCat era meramente preventiva, porque se basaba en la hipótesis no comprobada de que Puigdemont no acudiría a la sesión de la cámara catalana.
El Gobierno jugaba con la ventaja de que las respuestas del Consejo de Estado a sus consultas no sean vinculantes. Pudo mantener su propósito de acudir al Tribunal Constitucional (TC), que a su vez logró tras mucho debate dar luz verde al Ejecutivo con una decisión sin precedentes, consistente en tomar medidas cautelares respecto de un recurso que quedó sobre la mesa, sin ser admitido a trámite. Lo ha sido ahora, tres meses más tarde, el pasado 26 de abril. Alguien ha dicho que aquella resolución del TC fue como pitar un penalti dudoso en el minuto 93, algo que sólo le ocurre a algunos equipos.
El Gobierno jugaba con la ventaja de que las respuestas del Consejo de Estado a sus consultas no sean vinculantes
Muchas cosas han cambiado en tres meses. Entre otras, que el Gobierno ha actuado esta vez con mucho más tacto –sobre todo hacia el Consejo de Estado–, evitando opciones que no hubieran tenido el aval de su supremo órgano consultivo. Esta vez, por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo ha dado por hecho que la ley de Presidència pensada para favorecer la vuelta de Puigdemont va a ser dinamitada jurídicamente en cuestión de horas. El Gobierno ha actuado por sus pasos, sin dar nada por descontado ni coger por sorpresa con su iniciativa al Consejo de Estado, pidiéndole otra vez que elabore un dictamen contra reloj, en cuestión de horas. Con ello, ha evitado que los consejeros llegaran a considerar que su institución estaba siendo tratada de forma incorrecta, como pudo suceder en enero último.
Al presentar un recurso de inconstitucionalidad, y no, por ejemplo, un incidente de ejecución de sentencia, el Gobierno ha optado por cerrarle el paso a Puigdemont por una vía que, siendo relativamente lenta, es muy segura. Como la impugnación es contra una ley, el dictamen del Consejo de Estado resulta preceptivo. Con seguridad, el máximo órgano consultivo del Gobierno verá motivos de inconstitucionalidad en una iniciativa que pretende permitir una investidura no presencial. Un argumento clave, muy usado por el Constitucional, es la defensa de ius in officium de los parlamentarios, es decir, su derecho a ejercer con plenitud las facultades de su condición de representantes de los ciudadanos, entre ellas la de debatir personalmente con quien aspira a presidir el Govern.
Con más motivo verá esos motivos de inconstitucionalidad el TC, que ya ha dictado medidas cautelares para impedir la investidura de Puigdemont, precisamente si no iba a ser presencial. Con toda probabilidad, el precepto que tanto el Consejo de Estado como el Constitucional considerarán vulnerado es el artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Una sesión de investidura no presencial será entendida como un impedimento para la plenitud de ejercicio de esos derechos, en la medida en que impone límites indebidos a la función de los parlamentarios.
