La Delegación Distrital Uno funciona desde hace un año en una plaza comercial, en la cual se paga 2, 740 dólares más que en el antiguo local que funcionaba en el barrio San Miguelito. Los empleados manifiestan que en las oficinas hay hacinamiento.
La actual administración de la alcaldía de San Salvador trasladó las oficina del Distrito 1 a instalaciones en donde paga $2,740 más por el alquiler, a pesar de que el espacio es insuficiente para albergar al personal y que queda a 400 metros de distancia del edificio principal de la municipalidad, de acuerdo a la denuncia hecha por el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la alcaldía municipal de San Salvador (Sitramuss).
La gremial respalda la denuncia con datos obtenidos a través de la Oficina de Información y Respuesta (OÍR) de esa institución.
Según el documento, la comuna cancela en concepto de alquiler, cinco mil dólares por el inmueble (que antes era un local de comida rápida) ubicada en sobre 10a. Avenida Norte y 25a. Calle Poniente. El antiguo local estaba ubicado en el barrio San Miguelito y el monto de alquiler era de $2,260 dólares, de acuerdo a la respuesta que dio la OIR de la alcaldía capitalina.
Empleados que laboran en el local comentaron, bajo condición de anonimato, que el lugar es un poco incómodo y se sienten hacinados, ya que trabajan cerca de 70 empleados
“El local antiguo era más seguro y adecuado para las operaciones que se realizaba, contaba con dos plantas y tenía 12 oficinas. El actual es un solo cajón”, explicó uno de los trabajadores.
En la Delegación Distrital Uno se realizan diferentes trámites como la emisión de partidas de nacimiento, actas de defunción, entre otros. En el lugar hay once ventanillas para que los contribuyentes realicen sus diligencias.
Además, en ese inmueble hay otras dependencias que laboran dentro del distrito y se les dificulta realizar su trabajo de manera eficiente, ya que por estar dentro de un centro comercial tienen restricción para guardar los vehículos destinados a la delegación, denunciaron.
También denuncian que el área de parqueo es pequeño, las personas que llegan al distrito uno deben compartir el mismo estacionamiento con otros personas que llegan al centro comercial.
“Los parqueos son reducidos porque hay otros negocios, entonces es más reducido, nosotros estamos denunciando que hay una determinada hora que ya no se puede ingresar a guardar los vehículos,
La Delegación Distrital funcionó en el antiguo local del barrio San Miguelito por siete años y fue trasladado en agosto del año pasado.
Falta de ahorro
La administración de la comuna capitalina ha gastado en un año 60 mil dólares en el pago del alquiler del local donde funciona el Distrito Uno; actualmente, según los sindicalistas, esta administración no ha sido austera porque ha gastado cerca de 33 mil dólares más, de lo que hubiese cancelado en un año en el antiguo local.
Para el exalcalde de San Salvador, Norman Quijano, desde su punto de vista no encuentra razón para cambiar de lugar el Distrito Uno, debido a que el local reunía todas las condiciones como amplio parqueo, suficiente espacio para tener todas la dependencias y la accesibilidad para los usuarios de los servicios municipales.
“La renta era cómoda, había servicios de línea telefónica y estaba todo preparado para servir a la administración y las dependencias del distrito, el funcionario público solo es administrador, no es dueño ni propietario para despilfarrar el dinero”, expresó el excalde al ser consultado si existía razón para mover de ubicación las oficinas.
Mala administración
Los sindicalistas también denuncian a la administradora de la Delegación Distrital, Gloria Anaya Perla; al subinspector del CAM, Abelardo Pérez Cruz, que trabaja en el distrito tres, por degradación a los empleados, además de violentar los derechos sindicales y laborales al no cumplir con las resoluciones emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Dentro de las peticiones que hace el gremio está la destitución de la administradora, Gloria Anaya Perla.
A su vez, denuncian que no se ha hecho efectivo el rubro de las prestaciones como entrega de uniformes, calzado, tela y el dinero para la confección de los uniformes.
Expresaron que la administración de la comuna acató la resolución de la Sala de lo Contencioso, pero no cumple a cabalidad lo que los demandantes exigieron ante el tribunal. En abril de 2016, fueron despedidos cerca de 60 personas, de los cuales solo 25 han sido reinstalados en sus trabajos.
“Actualmente, la Sala dice reinstalo; pero el proceso se maneja como una medida cautelar, mientras se sigue el proceso lo reinstalan a uno y sin pagar salario caído y sin pagar bonos, aguinaldo, nada hasta que la sala se pronuncie en una sentencia definitiva”, dijo uno de los afectados.
El exalcalde manifestó que hay empleados que se sienten desmotivados porque no se les está dando incentivos laborales, “ni siquiera el alcalde tiene contacto directo con los trabajadores, el alcalde no llega al despacho municipal, como tampoco llega a las comunidades, es un alcalde a través de redes sociales y pierde la valiosa oportunidad de tener contacto con la gente”, dijo Norman Quijano.
