El pasado miércoles fue juzgado un entrenador de fútbol infantil de Alicante tras haber sido acusado de abuso sexual contra un chico de 14 años. El Juzgado de Instrucción número 3 del municipio de la Comunidad Valenciana, ordenó su detención sin fianza después de que fuera investigado por las autoridades locales y comprobaran que poseía material con contenido pedófilo.
Pudo constatar la Policía Nacional que este individuo de 22 años almacenaba una numerosa cantidad de archivos con contenido pedófilo en su computadora, algunos de los cuales había grabado él mismo a través de cámaras ocultas. La causa abierta al técnico de menores del Club de Alicante es por presunto delito de abuso sexual, según informaron medios españoles y europeos.
La madre de la presunta víctima denunció ante la Comisaría de Alicante que su hijo de 14 años había sido sometido a “tocamientos” el pasado fin de semana en casa del arrestado, sitio en el que se halló el material audiovisual que involucraba a jugadores menores de la actual y pasadas temporadas. Trascendió que la institución puso sus servicios jurídicos a disposición de la familia del menor.
INVESTIGAN UN VÍNCULO CON “EL PEDÓFILO DE ALICANTE”
Otro hombre de la misma localidad irá a juicio luego de que se constatara que almacenaba más de 95 mil archivos de carácter pedófilo que además producía y distribuía. La Fiscalía solicitó inicialmente para él una pena de 7 años de prisión, además de otros 7 años adicionales de libertad vigilada que se cumplirían tras su puesta en libertad. En agosto de 2018 la Policía Nacional había efectuado el registro de la vivienda en la que se hallaron las pruebas.
En esas imágenes y vídeos, se mostraba a niños de entre 2 y 8 años posando en actitud sexual o manteniendo relaciones sexuales con adultos. En ese material, también se encontraron 132 archivos de vídeo con grabaciones presuntamente realizadas por el acusado mediante la técnica de cámara oculta.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, los informes periciales demostrarían que esas fotografías y filmaciones se compartieron con terceros a través de un programa de intercambio de archivos.
Por todo ello, además de la pena de privación de libertad, la Fiscalía reclama también que se inhabilite al acusado para el desempeño de cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de diez años.
