Durante las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero, los observadores de la Misión Electoral Internacional del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) identificaron varias anomalías.
El CIS desplegó a 54 observadores en 10 municipios de cinco departamentos a nivel nacional y en más de 15 centros de votación en diferentes ciudades de Estados Unidos, según informó Leslie Schuld, directora del CIS.
Roberto Corea, uno de los observadores del CIS, informó a través de la radio YSUCA sobre los inconvenientes encontrados durante la jornada electoral. En particular, se enfrentaron a dificultades para ingresar al Centro Escolar República del Perú y al Instituto Alberto Masferrer (INAM), ya que agentes de la Policía se negaban a permitirles la entrada. Solo lograron ingresar después de la intervención de miembros de la Dirección de Organización Electoral (DOE) y de la Junta Electoral Municipal (JEM).
Otra controversia documentada fue la amenaza de un integrante de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia los miembros de una Junta Receptora de Votos (JRV) debido a la insistencia de dos fiscales en votar en una misma JRV, lo cual la ley prohíbe.
Según Corea, el fiscal argumentó un supuesto acuerdo entre la FGR y el TSE para permitir este procedimiento, pero los integrantes de la JRV no recibieron notificación al respecto durante sus capacitaciones.
Otra observadora, describió la situación en el Centro Escolar Pablo Pedro Castillo, donde observaron actividades de campaña de Nuevas Ideas que bloqueaban la calle cercana a la escuela. Además, señaló retrasos en la transmisión de datos durante la noche electoral, lo que generó preocupaciones sobre la integridad del proceso.
En general, los observadores expresaron preocupación sobre posibles señales de fraude antes de las elecciones, como la distribución de paquetes de comida en nombre de la presidencia y el uso de fondos del Estado para la campaña oficial, mientras se negaba la deuda política a otros partidos.
