El Juzgado Especializado de Instrucción “C” resolvió ayer, enviar a juicio a 13 integrantes de la pandilla barrio 18, acusados de 18 homicidios entre ellos, el de la maestra Sandra Rivera y dos empleados de una funeraria, tras considerarlos informantes de las autoridades.
Los sujetos son señalados del homicidio de la profesora Sandra Rivera, el 15 de febrero de 2016, a quien supuestamente asesinaron tras considerarla que le habían dado régimen de protección.
Rivera impartía clases en el Centro Educativo San Sebastián, en Cojutepeque, y previo a su muerte había recibido amenazas de muerte.
El día del hecho, la profesora transitaba en medio de un grupo de alumnos y padres de familia, cuando los delincuentes la separaron con violencia y luego la ultimaron frente a sus estudiantes.
Un testigo criteriado con clave “Boris”, quien es un pandillero que participó en todos los hechos, dirá al juez cómo se dio cada homicidio y cuál fue la participación de los imputados.
A 14 procesados más, la jueza los condenó a tres años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, tras someterse a un procedimiento abreviado en el que confesaron haber colaborado con la pandilla.
La pena impuesta les será reemplazada por trabajo de utilidad pública, afirmó el fiscal.
“Hay suficiente prueba para demostrar su participación en los homicidios que se les atribuye”, detalló el fiscal.
Francisco Aguilar Ramírez, alias “Chagüi”, acumula ocho homicidios en este proceso tras supuestamente participar en los ocho casos, según consta en el expediente judicial.
“Él participó del doble homicidio de dos personas que trabajaban en una funeraria en Cojutepeque porque la pandilla creyó que eran las víctimas de un delito de extorsión y que estaban dando información para que procesaran a sus compinches”, manifestó el fiscal.
Hay suficientes pruebas para demostrar su participación en los homicidios que se les atribuyen”. Fiscal del caso
El fiscal también informó que esta es una investigación que comenzó desde el 2009 hasta 2017, sin embargo los homicidios que se atribuye a esta estructura se registraron en 2010, 2015, 2016 y 2017.
“Los homicidios ocurrieron en el área urbana de Cojutepeque y en la zona rural; las víctimas eran rivales de la Mara Salvatrucha, otros de la misma pandilla, y otros eran personas civiles, trabajadoras”, afirmó el fiscal.
