El 12 de enero de 2022, una investigación conjunta del laboratorio CitizenLab y la organización Access Now reveló que 35 periodistas y miembros de la sociedad civil de El Salvador fueron objeto de espionaje con el software Pegasus creada por la empresa israelí NSO Group. La frecuencia del uso Pegasus en iPhones de periodistas de El Faro se dio mayormente cuando se publicó el reportaje, el 3 de septiembre, de un supuesto pacto del Gobierno y la MS-13.
El Gobierno salvadoreño negó relación con Pegasus y NSO Group pero señaló su uso en 2017 en el gobierno del FMLN.
Un día después de la divulgación de la investigación, varios grupos de WhatsApp de periodistas y organizaciones humanitarias fueron hackeados por una cuenta de “Yoni Azenón”.
En El Salvador, la interferencia e intevención de comunicaciones telefónicas es un delito sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo por igual tiempo si es funcionario o empleado público.
En este contexto miembros de Cristosal se reunieron este día 8 de febrero de 2022 para presentar una denuncia en la que pidieron investigar el uso de fondos públicos en la adquisición de Pegasus en El Salvador.
La fundación Cristosal solicitó ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) que investigue el posible uso de fondos públicos en la contratación del software espía Pegasus con el objetivo de intervenir ilegalmente las telecomunicaciones de ciudadanos.
De acuerdo con Cristosal, es necesario evitar el uso de fondos públicos en el espionaje.
Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, señaló que la petición pretende determinar la adquisición de un software que realiza actividades ilegales sobre ciudadanos salvadoreños.
Los denunciados ante la CCR son Nayib Bukele, presidente de la República; Peter Dumas, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad; y René Merino Monroy, ministro de la Defensa.
”Ningún particular tiene el interés de espiar periodistas. A la Corte se le pide que investigue el origen de los fondos con los que presuntamente se pudo haber comprado este software que realiza actividades ilegales e inconstitucionales de los salvadoreños”. Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal.
Jonathan Sisco, técnico jurídico de la unidad de anticorrupción y justicia de Cristosal, aseguró que es necesario que la CCR realice una auditoría que verifique el uso de los fondos para determinar responsabilidades.
”Si hay actos ilegales financiado con fondos públicos, los funcionarios deben responder ante la justicia. Se están dando intervenciones a los ciudadanos y eso no lo debemos permitir los ciudadanos”. Jonathan Sisco, técnico jurídico de Cristosal.
Fuente : Diario el Mundo
