Así lo detalló la institución en el reporte de Derechos Humanos de El Salvador 2021.
Cada año, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador presenta un reporte de Derechos Humanos del país antes mencionado, pues se debe a la importancia y trascendencia de la educación en derechos humanos.
El documento del año 2021, la embajada destaca algunos abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreña hacia los derechos humanos de particulares.
Para comprobarlo, la entidad incluyó informes fidedignos de: homicidios ilegítimos de presuntos pandilleros y otras personas a manos de las fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas por personal militar; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; serios problemas con la independencia del poder judicial; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas y la censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación; graves actos de corrupción gubernamental; falta de investigación consistente y rendición de cuentas por violencia de género; barreras significativas para acceder a la salud reproductiva; y delitos que impliquen violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra lesbianas.
En las situaciones anteriores, la impunidad en las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo y el sistema de justicia persistió.
“En algunos casos, las autoridades investigaron y enjuiciaron a personas acusadas de cometer delitos y abusos contra los derechos humanos. La impunidad de la corrupción oficial siguió siendo endémica”, expresa el documento.
Los autores de los casos y delitos violentos que aborda la embajada son: elementos delictivos organizados, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes.
“Cometieron asesinatos y actos de extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia. Dirigieron estos actos contra policías, autoridades judiciales, la comunidad empresarial, periodistas, mujeres y miembros de poblaciones vulnerables”, detalla el informe.
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