El Salvador registró un crecimiento económico de 3,9% durante 2025 y de 4,8% en el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por el aumento de la inversión y las políticas de seguridad implementadas durante el gobierno de Nayib Bukele.

Según la Cámara de Comercio Germano-Salvadoreña, la inversión privada aumentó 23% el año pasado, mientras que la pública creció 22%. Además, durante los primeros tres meses de 2026, 17 de los 19 sectores económicos registraron un incremento.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, atribuyó la recuperación económica a la estrategia gubernamental para reducir las actividades de las pandillas, contemplada en el Plan de Control Territorial. De acuerdo con Ulloa, un análisis realizado en el marco de un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos estimó que las bandas armadas representaban una pérdida equivalente al 10,5% del producto interno bruto.

Ulloa señaló que la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica e institucional, las inversiones sociales, las condiciones para los negocios y la estabilidad política serán factores para sostener el crecimiento económico.

Mayor interés de empresas extranjeras

La Cámara de Comercio Alemana en San Salvador reportó un aumento del interés internacional por El Salvador. Karla Klaus, presidenta de esa organización, indicó que están recibiendo consultas de empresas de Alemania, Austria, Bélgica y otros países europeos.

La empresa alemana ZF Lifetec inauguró recientemente una planta para producir sistemas de seguridad para automóviles en territorio salvadoreño.

Klaus señaló que el desafío será mantener el impulso económico y orientarlo hacia la inversión privada de largo plazo, una mayor productividad y la creación de empleo cualificado.

El crecimiento económico ocurre mientras el país mantiene vigente el estado de emergencia decretado por Bukele para enfrentar a las pandillas. Según el texto, unas 90.000 personas han sido detenidas bajo esta medida.

La política de seguridad también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que el régimen de excepción ha suspendido de facto el estado de derecho y señalan que se desconoce cuántas personas inocentes permanecen encarceladas.

Bukele rechaza estas críticas y sostiene que las organizaciones no gubernamentales defienden los derechos de los perpetradores, pero no los de las víctimas de las pandillas. El texto también señala que el estado de emergencia mantiene respaldo incluso entre sectores de la izquierda: Rafael Aguirre, candidato presidencial del FMLN, declaró que está a favor de la medida y que, a su criterio, es constitucional.