La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador ha aumentado significativamente en los primeros dos meses del año 2024, llegando a un total de $9,794.31 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Este incremento representa un aumento de $299.74 millones en comparación con diciembre de 2023. La deuda incluye Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) por $1,397.50 millones, así como Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) por $8,396.81 millones.
La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador ha generado preocupación en el país centroamericano, con un aumento significativo en los primeros meses del año 2024. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda alcanzó los $9,794.31 millones hasta febrero de 2024, lo que representa un aumento de $299.74 millones en comparación con diciembre de 2023.
Este incremento se atribuye en parte a los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que ascendieron a $1,397.50 millones. Estos certificados son instrumentos a través de los cuales el Estado presta recursos a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que a su vez son utilizados para pagar a los jubilados del sistema público de pensiones.
Además de los COP, la deuda incluye Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) por $8,396.81 millones. Estos certificados, que sustituyeron a otros instrumentos financieros, no generan intereses ni se pagan durante cuatro años, según informó la agencia de calificación Standard & Poor’s en mayo de 2023.
La gestión de estos fondos ha generado controversia, con informes que sugieren que el sistema de pensiones podría estar financiando al Gobierno a través de préstamos otorgados por el ISP y bancos comerciales. A pesar de las solicitudes de nacionalización por parte de algunos sindicatos, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó en diciembre de 2022 la Ley Integral del Sistema de Pensiones, dejando el manejo de los recursos en manos de las administradoras privadas de pensiones.
Asimismo, se aprobó la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales, que establece que la deuda generada con los COP es responsabilidad del ISP y obliga a las AFP a adquirir estos certificados con los recursos de los fondos de pensiones que administran.
El crecimiento de la deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador es motivo de preocupación y debate en el país, con implicaciones significativas para el sistema de pensiones y la estabilidad financiera.
