Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable para reformar el Código Penal, con el objetivo de establecer penas más estrictas para delitos cometidos por servidores públicos y particulares que faciliten la sustracción de fondos públicos y otros actos ilegales.

Entre las reformas propuestas, se contempla un aumento de la pena para funcionarios que realicen actos ilegales o arbitrarios en el ejercicio de sus funciones, estableciendo sanciones de 3 a 6 años de prisión, frente a la sanción anterior de 2 a 4 años. 

Además, las sanciones por incumplimiento de deberes se elevarán entre 4 y 6 años, con un aumento de un tercio del máximo si ese incumplimiento deriva en un delito.

Otra de las reformas clave es el incremento de las penas por la revelación de información secreta. Los funcionarios que divulguen datos confidenciales enfrentarán penas de 6 a 9 años de prisión, con una agravante si la divulgación ocasiona grave daño a los intereses del Estado.

En cuanto al delito de peculado, se establece que la pena variará en función del monto sustraído: los funcionarios que se apropien de hasta $10 mil dólares serán sancionados con penas de 6 a 9 años de prisión, de 9 a 12 años si el monto es superior a $10 mil pero inferior o igual a $100 mil, y de 12 a 15 años si el peculado supera los $100 mil dólares.

Asimismo, la reforma introduce nuevos artículos que penalizan el ocultamiento de bienes producto de la corrupción, con penas de 3 a 6 años, y castiga la omisión de denuncia de delitos por parte de funcionarios con sanciones de tres a seis años.

Por otra parte, el cohecho activo, que consiste en ofrecer dádivas a un funcionario para que realice actos contrarios a sus deberes, será castigado con penas de 6 a 10 años de prisión. El tráfico de influencias también se verá sancionado, con penas de 6 a 9 años.

De aprobarse, esta reforma entraría en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.