Desde su toma de posesión, uno de los desafíos del presidente Joe Biden es frenar la migración irregular, especialmente la que proviene de Centroamérica y el sur de México. El mandatario encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la tarea de gestionar el asunto, con énfasis en atender las “causas de raíz”.
En los poco más de cinco meses de Gobierno, funcionarios de alto nivel de la Administración Biden han sido instruidos para tomar contacto con sus pares de México y Centroamérica para abordar el problema.
El 1 de junio, en el marco de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) realizada en Costa Rica, el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, se reunió con sus homólogos de Centroamérica y México.
Destaca el papel desempeñado por Harris, quien realizó una ‘visita relámpago‘ los días 7 y 8 de junio a Guatemala y México para reunirse con los presidentes de ambos países. Llamó la atención que en esa gira de trabajo Harris no incluyó a El Salvador ni Honduras.
Quien sí visitó los tres países que integran el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) una semana después fue Samantha Power, titular de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Por esas mismas fechas, los días 14 y 15 de junio, Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) viajó a México, donde se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad del Gobierno de López Obrador para hablar sobre la necesidad de establecer un “enfoque múltiple” para frenar la migración.
El 23 y 24 de junio se llevó a cabo en Panamá la Conferencia de Seguridad Centroamericana (CENTSEC, por sus siglas en inglés), evento auspiciado por el Comando Sur de EE.UU. (‘US Southern Command’), donde su titular, el almirante Craig S. Faller, abordó la estrategia para enfrentar la migración irregular con las delegaciones de instituciones de seguridad pública de países latinoamericanos, entre ellos, México y los que forman parte del Triángulo Norte.
Por último, esta semana Victoria Nuland, viceministra para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, viajó a Paraguay, Panamá y El Salvador. En este último país sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele y su equipo para hablar sobre migración y democracia, dos de los ‘focos de alarma’ de EE.UU. en relación a la nación centroamericana.
De tal forma que, por donde se le mire, si algo no ha habido es falta de iniciativa de EE.UU. para abordar el tema de la migración con los Gobiernos de México y Centroamérica. La estrategia impulsada, sin embargo, no representa un “enfoque alternativo” como asegura el actual inquilino de la Casa Blanca.
Los objetivos de hacer de Centroamérica una región “segura, justa y próspera” buscan conseguirse a través de una vieja fórmula: desarrollar las economías locales apuntalando a las grandes corporaciones, y combatir la delincuencia y el crimen organizado mediante el despliegue de Fuerzas Armadas y el establecimiento de acuerdos militares y de seguridad.
Grandes corporaciones, las encargadas de “promover el desarrollo”
La estrategia de Joe Biden para promover el desarrollo económico de Centroamérica tiene dos ejes. Por un lado, la ‘asistencia humanitaria’, a través de transferencias vía la USAID. Por otro, inversiones de grandes corporaciones para fomentar la generación de empleos.
Si bien se presenta como una estrategia sobre migración ‘alternativa’, la de Biden sigue los mismos principios de la ‘Alianza para el Progreso’ (lanzada en la década de 1960) y la ‘Diplomacia del dólar’ (lanzada en la década de 1910).
Los flujos de inversión extranjera directa (IED) no se han traducido en el desarrollo de capacidades productivas ni en la mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población
Consiste en transferir recursos desde EE.UU. de la mano de organizaciones no gubernamentales que operan en el plano local, y eliminar todas las barreras que obstaculizan la inversión y los intercambios comerciales.
La aplicación de esta política, sin embargo, no ha dado resultados. Los flujos de inversión extranjera directa (IED) no se han traducido en el desarrollo de capacidades productivas ni en la mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población.
Persiste la informalidad en el mercado laboral. De acuerdo con datos actualizados a 2020, en promedio un 77% de los habitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador tiene un trabajo informal. Ocupados como campesinos, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos, o en el sector servicios, la mayoría recibe salarios bajos y carece de prestaciones de seguridad social.
Es una región cuyas economías dependen de las remesas, no de la inversión desde el exterior. En 2019, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la IED hacia Guatemala, Honduras y El Salvador alcanzó los 2.200 millones de dólares. Ese mismo año, las remesas alcanzaron los 22.000 millones de dólares, es decir, 10 veces los flujos de IED.
La estrategia de Biden consiste en continuar fomentando la inversión. A finales de mayo, la vicepresidenta Kamala Harris dio a conocer un ‘llamado a la acción’, que incluye el compromiso de “promover el desarrollo económico inclusivo” de Centroamérica por parte de 12 empresas y organizaciones, entre ellas, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Mastercard, Microsoft, Nespresso y el Foro Económico Mundial.
En este mismo sentido, la titular de la USAID, Samantha Power, anunció durante su visita a Guatemala a mediados de junio, programas de financiamiento (por 7,5 millones de dólares) y apalancamiento (por 31 millones de dólares) para apoyar a empresas de EE.UU. y Centroamérica, entre las que destacan Target Foundation, PriceMart, Argidius, Root Capital, DTI International y Fundea.
La mayoría de las empresas involucradas en los planes dados a conocer por Harris y Power, sin embargo, exige un elevado nivel de calificación para el trabajo. Y dado el rezago en la educación y la adquisición de competencias laborales en los países que integran el Triángulo Norte, se pone en duda que la población consiga ser contratada.
Un plan de apoyos directos es el que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien propone ampliar al Triángulo Norte los programas sociales ‘Sembrando Vida‘ y ‘Jóvenes construyendo el Futuro’; el primero para apoyar a agricultores, y el segundo orientado a jóvenes que no estudian o no encuentran trabajo.
La iniciativa impulsada por el mandatario mexicano hasta el momento no ha recibido financiamiento por parte de EE.UU. Durante su visita a México, Harris firmó un ‘memorando de entendimiento’ entre la USAID y la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), en el que se establecen áreas de cooperación, sin embargo, todavía no se han canalizado recursos hacia los programas sociales propuestos por AMLO.
Militarización de las fronteras, consenso bipartidista
Más allá de los dimes y diretes entre demócratas y republicanos, ambos bandos están de acuerdo en militarizar la frontera sur de EE.UU. y más allá. Tan pronto entró en funciones, el presidente Biden presionó a sus pares de México y Centroamérica para que desplegaran miles de elementos de sus Fuerzas Armadas y de seguridad.
El despliegue masivo de Fuerzas Armadas y de seguridad no ha logrado reducir el flujo de personas, que siguen abandonando sus países por falta de oportunidades, amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, o desastres naturales
Para EE.UU., América Latina y el Caribe es una región considerada como de “máxima prioridad” y de “interés vital”, de acuerdo con su Estrategia de Seguridad Internacional. Así lo recordó el almirante Craig. S. Faller, actual jefe del Comando Sur de EE.UU., durante su participación en la Conferencia de Seguridad Centroamericana (CENTSEC, por sus siglas en inglés) la semana pasada.
Además de la ‘asistencia humanitaria’ por 310 millones de dólares que EE.UU. se comprometió a proporcionar a Centroamérica con motivo de los huracanes Eta e Iota, altos mandos militares de Washington han organizado diversos programas de capacitación para las Fuerzas Armadas y de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Encabezar la articulación de una estrategia regional de seguridad bajo el compromiso de “disuadir a los adversarios, preservar la estabilidad, apoyar a los aliados y socios, y cooperar con otros para hacer frente a desafíos”, son los objetivos de Washington en la región, de acuerdo con los lineamientos del Comando Sur de EE.UU.
Sin embargo, el despliegue masivo de Fuerzas Armadas y de seguridad, así como la puesta en marcha de acciones conjuntas, no han logrado reducir el flujo de personas hacia la Unión Americana, que siguen abandonando sus países de origen por falta de oportunidades, amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, o desastres naturales.
En mayo la Patrulla Fronteriza de EE.UU. detuvo a 180.000 migrantes en la frontera suroeste, 23.000 migrantes más en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos oficiales.
Según un análisis publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus en inglés), la militarización de las fronteras, lejos de disuadir la migración, no hace sino aumentar los riesgos de violaciones de derechos humanos, toda vez que obliga a las personas a buscar rutas más peligrosas.
