La Comisión de Seguridad emitió un dictamen favorable para crear una ley que disuelva la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), entidades creadas en 1996.

La propuesta establece que ambas instituciones deberán completar su cierre y liquidación a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Las funciones que actualmente desempeñan pasarían al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad, las atribuciones trasladadas están relacionadas con el cumplimiento de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. El ministerio incorporaría en su presupuesto los recursos destinados a mantener el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

El personal de la UTE que sea requerido para continuar con ese programa sería trasladado al ministerio. Quienes no sean incorporados recibirían una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio o por una fracción superior a seis meses, calculada con base en su último salario nominal.

La indemnización tendría un máximo de 24 remuneraciones para quienes perciban entre $408.80 y $900, y de hasta 12 remuneraciones para quienes tengan ingresos de $901 en adelante. Los pagos se realizarían durante los primeros tres meses de 2027, junto con los demás derechos laborales correspondientes.

El presupuesto inicial de la UTE era de $6.5 millones, de los cuales $4.5 millones estaban destinados al programa de protección a testigos. Según la información de la Comisión, tras la reorganización de fondos realizada en el ministerio, esos recursos se redujeron a $2.4 millones.

Durante la transición, la Dirección General de la UTE mantendría la administración y representación legal de la entidad para atender obligaciones pendientes y completar los trámites de cierre. También se conformaría un Comité de Liquidación encargado del inventario, los archivos, los bienes y la transferencia de recursos, contratos y obligaciones.