El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, aseguró que ya se nombró a unos 100 jueces y magistrados de cámara para sustituir a los jueces que renunciaron tras el decreto legislativo 144, que contiene reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Durante la EntrevistaAM, del oficialista Canal 10, López Jerez aseguró que el polémico decreto 144, que promovió la destitución de todos los jueces mayores de 60 años, permitió “bastantes movimientos” al interior de la Corte, y celebró que “sus resultados son altamente buenos”.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial fueron ampliamente criticadas por la comunidadEstas reformas también nutrieron parte de las manifestaciones del 15 de septiembre en contra del Gobierno, por parte de jueces y abogados que se oponían a esta medida: el decreto 144 da poder de sustitución inmediata de las vacantes a la Corte Suprema, controlada por el Ejecutivo desde el pasado 1 de mayo. internacional, especialmente por el gobierno de los Estados Unidos, que declaró a través de su encargada de Negocios, Jean Manes, que estas “van en detrimento de la separación de poderes” en El Salvador.
López Jerez aseguró que “hubo información malintencionada” sobre estas reformas, y aseguró que al menos 100 jueces se acogieron a la oferta de retiro voluntario que aprobó la Corte Suprema, la cual consistía en el pago de 24 salarios a cambio de someterse al decreto.
Esta compensación fue acordada en reuniones entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los jueces afectados. Según López Jerez, el decreto “no obligaba a nadie a renunciar”, si no que era una “cuestión voluntaria”. “Las reuniones fueron para ver la forma más conveniente (en que los jueces podían renunciar)”, declaró.
Sin embargo, dejó en claro que las opciones de los jueces eran dos: renunciar y retirarse con 24 salarios, o someterse a un “régimen de disponibilidad”, que les permitiría seguir en sus respectivos tribunales, sujetos a cambios de la Corte Suprema de Justicia.
Agregó que en ningún momento la Corte estuvo dispuesta a analizar si este decreto era legal o no. “Se les aclaró (a los jueces) que nosotros no pretendíamos introducirnos en análisis del decreto legislativo. Le dimos operatividad al decreto sin decir si era inconstitucional o no”, añadió.