El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) ha acusado al Gobierno salvadoreño de retener a Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad, y a Ramón Roque, exinspector general de Centros Penales, en prisión, a pesar de una orden judicial de liberación. Ivania Cruz, abogada de COFAPPES, denunció que las autoridades se han negado a cumplir la orden que permitiría a los detenidos seguir un proceso penal en libertad, tildando esta situación como un “secuestro” por parte del Estado salvadoreño. Además, Cruz destacó la falta de comunicación de los detenidos con sus familiares y la imposibilidad de contacto con sus abogados defensores.
La abogada manifestó que organizaciones humanitarias y aliados internacionales también se han pronunciado contra esta situación, denunciando la falta de cumplimiento de la orden de libertad dictada hace más de dos semanas. Cruz enfatizó la existencia de apoyos internacionales que han hecho pública la resolución de libertad de Mauricio Ramírez y Ramón Roque, a quienes considera “secuestrados por el Gobierno de El Salvador”.
COFAPPES responsabilizó directamente al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a la dirección de la cárcel La Esperanza, conocida como Mariona, por negarse a cumplir la resolución judicial. Por ello, el comité solicitó a la Fiscalía investigar esta negativa, señalando la posibilidad de delitos como desacato judicial, privación de libertad y actos arbitrarios.
La detención de Ramírez Landaverde se produjo en septiembre de 2021, acusado por la Fiscalía de estar involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). El fiscal general, Rodolfo Delgado, responsabilizó al Gobierno anterior por permitir a la organización ASOCAMBIO administrar las tiendas dentro de las cárceles “sin ningún control del Estado”, facilitando así la oportunidad para la corrupción.
Ramírez Landaverde, quien fungió como ministro de Justicia desde enero de 2016, había ocupado previamente cargos como director general de la Policía Nacional Civil y subdirector de esa entidad.
