El acceso a la información pública de parte de las instancias del Estado ha tenido más restricciones, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe “Situación de derechos humanos en El Salvador”, dado a conocer a inicios de noviembre de 2021.
El informe, que recoge los datos recabados durante la visita in loco que hizo una comisión de la CIDH al país en 2019, incluye que se reportó un aumento en las restricciones ya existentes al derecho de acceso a la información por parte del Gobierno.
“De modo tal que a partir de la irrupción de la pandemia por covid-19 existió un cierre casi total de los canales institucionales de respuestas e información pública”, dice el documento.
Eso se vio no solo en la suspensión de los plazos administrativos para las solicitudes de acceso a la información que recibían las Oficinas de Información y Respuesta (OIR), sino también en la imposibilidad de periodistas independientes de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales en aquellos momentos.
La CIDH llama al Estado salvadoreño a “garantizar el derecho de acceso a la información pública conforme a los lineamientos del marco jurídico interamericano y adoptar las medidas necesarias para remover las barreras que impidan su efectivo cumplimiento”.
Durante el periodo analizado, se reportó que las OIR negaron información sobre estadísticas de contrataciones, centros de cuarentena, compras públicas de emergencia, testeos para detectar el avance del covid-19, solicitudes de refugio o compensaciones económicas, personas detenidas por circular en la vía pública, entre otros temas.
De hecho, en marzo de 2021, el Ministerio de Salud declaró bajo reserva por tres años el plan nacional de vacunación contra el covid-19 y el registro de las cabinas de vacunación; y la información del proceso de compra de vacunas se reservó por cinco años.
El informe agrega que esa situación se vería agravada, debido a irregularidades” en la administración del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El 26 de agosto de 2020, por decreto ejecutivo se reformó el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), otorgándole mayores atribuciones al presidente del IAIP, “debilitando las decisiones colegiadas en el pleno del Instituto”.
No obstante, el 15 de diciembre de 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda contra las reformas y suspendió su vigencia. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa nombró a Javier Suárez Magaña, quien era comisionado del IAIP y había sido gerente de operaciones de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), como magistrado de la Sala de lo Constitucional.
3 datos que debes de conocer
- Visita a El Salvador
El 5 de junio de 2019 la CIDH solicitó al Estado salvadoreño su anuencia para realizar una visita in loco al país durante ese año.
- Control IAIP
En julio de 2020 el Grupo Promotor de la LAIP y organizaciones civiles alertaron a la CIDH sobre intentos del Ejecutivo para controlar del IAIP.
- Reformas al reglamento LAIP
En diciembre de 2020 la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra las reformas al Reglamento de la LAIP.
