La jefa jurídica de Cristosal, Zaira Navas, anunció que el acompañamiento a las 248 personas se debe a “que tenemos una sala de lo inconstitucional ya que los nombramientos no obedecen a los mecanismos de la Constitución”, y dijo que esperan obtener resultados tras la demanda de ayer y que el Estado cumpla ante los organismos internacionales.
Navas agregó que la sanción a la reformas de la Ley de la Carrera Judicial es la consumación del golpe de Estado realizado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
“La destitución arbitraria de 248 jueces y magistrados es producto de la sanción de las reformas a la ley de la carrera judicial que es realmente la consumación del golpe de Estado que Bukele ha dado al sistema judicial eliminando el sistema de pesos y contrapesos”, sostuvo la jefa jurídica de Cristosal.
Navas lamentó “que quede en desprotección a una tutela judicial que tiene la población salvadoreña, ante la falta de jueces independientes no podemos esperar justicia”.
La jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, indicó las disposiciones técnicas que sustentan la denuncia ante el ente internacional y explicó cuatro de los derechos vulnerados a los jueces y las juezas del Órgano Judicial.
“En primer lugar al colectivo de jueces hay dos tipo de derechos, y nos referimos a la Igualdad y No Discriminación protegida por la Convención de Derechos Humanos en razón de la edad y porque demás empleados públicos no tienen obligatoriedad de retirarse a los 60 años”, sostuvo López.
Agregó que en segundo lugar, el Estado vulnera “el Derecho al Respeto de Principio y Legalidad en el marco de un proceso sancionador porque a partir del discurso público y discriminación partiendo de pronunciamientos de diputados y presidentes implica un perjuicio a los miembros de la carrera judicial”, explicó la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal.
Además, el tercer derecho que es vulnerado es “el derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo que tampoco no está previsto”, dijo López.
Y añadió como vulnerado “el derecho a permanecer en el cargo en relación con el principio a la independencia judicial”.
En la conferencia de prensa acompañaron también personas de la organización Concertación Monseñor Romero, y de la Fundación para el Debido Proceso.
Jueces y magistrados informaron ayer que presentaron una denuncia al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras las sanciones a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que cesa a aquellos funcionarios de la judicatura mayores de 60 años y que tengan más de 30 años de trabajar.
La denuncia fue presentada por abogados de Cristosal y va específicamente en contra de la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. La denuncia también recoge las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, a pesar que ningún fiscal se ha mostrado ofendido por el decreto que los obliga a cesar sus cargos.
