Tres abogados representantes de familias venezolanas solicitaron este martes a las autoridades salvadoreñas información urgente sobre el estado de salud y la situación jurídica de varios ciudadanos de ese país que se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La petición fue presentada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a quien solicitaron que verifique las condiciones de detención, y a la Dirección General de Centros Penales, a fin de que se autorice una visita a los detenidos. Los abogados aseguraron que, hasta ahora, no han tenido contacto directo con sus representados.

Walter Márquez, uno de los abogados, explicó que están preocupados especialmente por seis venezolanos bajo su defensa. “Estamos requiriendo a la Procuraduría que se informe sobre el estado de salud y también la situación procesal de ellos y que sean puestos en libertad los que no tengan ninguna responsabilidad”, expresó.

De acuerdo con los representantes legales, el equipo fue atendido por un delegado de la PDDH y esperan una respuesta oficial antes de este fin de semana, ya que deben regresar a Venezuela. También solicitaron una reunión directa con la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara.

Por su parte, la abogada Reyna Cárdenas manifestó que no existe certeza jurídica sobre la ubicación de todos los venezolanos, ya que su presencia en el CECOT solo ha sido mostrada mediante videos divulgados por el gobierno salvadoreño. “En algunos casos puntuales, los familiares no los han visto en esos videos, y por eso pedimos saber en qué condiciones están y si realmente se encuentran allí”, apuntó.

Las acciones legales no son nuevas. A finales de marzo, el bufete Grupo Ortega, que representa oficialmente a 30 venezolanos y fue contratado por el gobierno de Nicolás Maduro, presentó un hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para solicitar la liberación de 238 personas detenidas.

Estas personas fueron trasladadas a El Salvador luego de un acuerdo entre el Ejecutivo salvadoreño y el gobierno de Estados Unidos. Según el presidente Nayib Bukele, 238 presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua fueron llevados al CECOT como parte de un convenio anual valorado en $6 millones. Entre ellos habría también 23 pandilleros salvadoreños de la MS-13, mientras que más de un centenar de deportaciones fueron efectuadas bajo la ley migratoria estadounidense Título 8.

El traslado ha generado cuestionamientos dentro de la Asamblea Legislativa, donde diputadas opositoras han señalado que el acuerdo con EE.UU. no fue ratificado por el pleno legislativo, tal como exige la Constitución salvadoreña en su artículo 131, lo que abre dudas sobre la legalidad del procedimiento.

Los abogados defensores aseguran que seguirán exigiendo garantías procesales y respeto a los derechos humanos para los detenidos, en especial para quienes no han sido acusados formalmente de ningún delito.