El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, con sede en Soyapango, ordenó la detención de 16 personas vinculadas a la segunda fase de la investigación sobre fraudes cometidos por la Corporación Argoz S.A. de C.V., que afectaron a cientos de víctimas.

La audiencia de imposición de medidas incluyó a 12 acusados presentes y cuatro prófugos. Entre los detenidos figuran Balmoris Escalante García, auditor y contador de las sociedades, Reina Marina Cardona de Escalante, Natalia Gómez Farfán, Berta Coralia Ramírez Ponce y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.

Al momento de su arresto, el 24 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República incautó $34,420 en efectivo. Según las investigaciones, la corporación habría defraudado un total de $46,271,000.49.

Las víctimas denunciaron que habían firmado contratos de arrendamiento con promesa de venta a nombre de diversas sociedades, pero al pagar sus parcelas en su totalidad recibieron únicamente cartas de cancelación y escrituras que no fueron inscritas en el Registro de la Propiedad del Centro Nacional de Registros (CNR), debido a que la empresa no contaba con permisos para lotificar.

La Fiscalía determinó que Argoz constituyó varias sociedades para evadir controles y estafar a las personas, usando la corporación como fachada para captar fondos de manera ilegal. Las investigaciones también revelaron que se introdujeron grandes sumas de dinero sin justificación al sistema financiero salvadoreño. Desde 2023, la Fiscalía ha legalizado 65,901 lotes y entregado escrituras a lotehabientes que habían sido engañados.

Durante las detenciones, en la residencia de Virginia Estela Argueta de López se incautaron $19,600, y en la vivienda de Leticia Farfán de Gómez, arrestada en la primera fase, $14,820. En esta segunda fase, la Fiscalía imputa a los acusados los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero.