Un migrante venezolano de 27 años, Neiyerver Adrián León Rengel, presentó reclamación administrativa contra el gobierno de Donald Trump, primer paso legal para exigir una compensación de USD 1,3 millones por daños físicos, psicológicos y legales sufridos tras ser deportado a la megaprisión CECOT en El Salvador.

La denuncia, presentada por las organizaciones Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), afirma que Rengel fue detenido injustamente el pasado 13 de marzo en Texas por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), pese a tener estatus de residencia temporal y una cita migratoria agendada para 2028.

Según el escrito, los agentes justificaron su detención alegando que los tatuajes de Rengel eran prueba de afiliación al Tren de Aragua, una peligrosa pandilla venezolana. Sin embargo, la defensa sostiene que no existe ningún vínculo entre el joven, quien trabajaba como barbero, y esa organización criminal.

Rengel fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador junto a otros 251 venezolanos, bajo una controvertida política de deportación masiva autorizada por Trump en marzo, invocando una ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII.

Durante su permanencia en El Salvador, el joven venezolano asegura haber sido víctima de abuso físico, verbal y psicológico, incluyendo golpizas en zonas sin cámaras, encierros en celdas de 3×3 metros junto a otros detenidos, lo que, según organizaciones de derechos humanos, podría calificarse como desaparición forzada.

“Durante más de cuatro meses, Rengel languideció en El Salvador”, detalla el documento legal. El joven fue liberado la semana pasada como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, y actualmente se encuentra en Venezuela.

De esta manera, el caso de Rengel es el primero de su tipo, pero podría sentar un precedente legal para más demandas, en vista de que, según The New York Times, solo 32 de los más de 250 deportados han sido acusados o condenados por delitos graves.

Por otro lado, el gobierno de Trump habría llegado a un acuerdo con El Salvador para pagar 6 millones de dólares al año por la detención de los migrantes, una medida que ha generado fuertes críticas por su posible violación a los derechos fundamentales y la legalidad migratoria internacional.