Una joven de 15 años denunció haber sido violada por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Medellín, Antioquia, donde se desarrollan protestas sociales contra el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque.
La adolescente fue contactada en primera instancia por miembros de una misión médica cercana al barrio Moravia de Medellín, que inmediatamente reportó la activación de un “código fucsia”, es decir, de abuso sexual con penetración.
“Más o menos a las 7:00 de la noche se encuentra a una menor de 15 años llorando en unas escaleras, cuando se le atiende, ella denuncia haber sido víctima de acceso carnal violento por parte de un agente del Esmad”, detalló una manifestante a través de un video divulgado en redes sociales. “No es posible que nosotras las mujeres sigamos siendo botín de guerra, que nuestros cuerpos sigan siendo usados en medio del conflicto”, agregó.
La joven fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Carlos de Gutiérrez. Los padres y familiares de la víctima radicaron la denuncia ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caixas) de la ciudad de Medellín.
En declaraciones a medios locales, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Pablo Ruiz, aseveró que el hecho se encuentra en investigación. “Si alguna persona se ha sentido afectada, interponga las acciones legales”, dijo.
El defensor de Derechos Humanos José Luis Jaramillo indicó que la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicosocial, luego de que los funcionarios de la policlínica en la que fue atendida constataran “que el caso de violación se presentó”. Y añadió: “Como es una menor de edad no hemos querido hacer hincapié en el tema”.
Piden una “investigación preferencial”
Una de las acompañantes de la víctima fue la concejala de Medellín por el partido Estamos Listas, Dora Saldarriaga, quien no solo repudió el hecho perpetrado por el agente del Esmad sino la violencia institucional a la que fue sometida la adolescente.
“Quiero denunciar que la ruta de atención para casos de violencia sexual con las niñas en horas de la noche y los fines de semana no funciona“, aseveró Saldarriaga, tras detallar todas las dificultades que enfrentó la adolescente para poder obtener atención en las instituciones después de haber sido violada.
La concejala detalló que la menor de edad tuvo que esperar hasta la madrugada, junto a la personería, la capitana de Infancia y Adolescencia y la Veeduría a la Fuerza Pública #639, para contar con la atención médica, psicológica y social.
“Ella llegó de manera voluntaria por una llamada que le hizo el Procurador, que fue el único funcionario que me contestó el teléfono en horas de la noche”, recalcó la política. Por ese motivo, ha solicitado que el caso cuente con una “investigación preferencial” por parte de las instituciones.
Dilación institucional
Aunque el hecho se reportó a las 7:00 de la noche, tuvo que esperar varias horas para obtener atención adecuada. Según medios locales, su traumático periplo inició en una unidad médica atendida por hombres, por lo que evidentemente tuvo que ser derivada a otra misión a cargo de mujeres que le brindaran tratamiento adecuado.
No obstante, cuando llegó al sitio más recomendable a recibir ayuda, la unidad médica fue atacada con gas lacrimógeno y la adolescente fue remitida al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.
En ese hospital, la menor fue registrada bajo la compañía de una veedora y mostró un evidente rechazo a la presencia de un hombre, funcionario de la policía de infancia, que llegó al lugar. Después de la 1:30 de la madrugada, un veedor proporcionó ropa a la adolescente y pasadas las 3:00 de la mañana, los acompañantes se retiraron del nosocomio para dejar a la víctima con su madre.
“En su ruta de regreso a casa, el veedor pasó por el lugar de los hechos y encontró unidades del Esmad caminando por la escena del crimen mientras revisaban el suelo”, alertaron defensores de Derechos Humanos.
El caso de esta joven no es el único. De acuerdo al mas reciente boletín de la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 30 de junio, se han registrado 61 casos de violencias basadas en género contra mujeres, en el contexto de la protesta social, de los cuales 18 implican agresiones sexuales.
Las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que se iniciaron hace más de dos meses, persisten a pesar de que ya no son tan masivas. Sin embargo, así como permanece el descontento en las calles, también siguen los cuestionamientos a la actuación del Esmad por múltiples violaciones de derechos humanos.
En efecto, una de las demandas de los manifestantes se centra en una reforma estructural de la Policía Nacional, que incluya el desmantelamiento de ese escuadrón y la fundación de una nueva doctrina de orden público en una institución que, según las ONG, ha sido “históricamente violenta” y ha estado al “servicio de la guerra y no de la paz”.
Pese a ese reclamo, la mirada del Gobierno apunta a endurecer la legislación contra los manifestantes. Ayer, Duque solicitó la elaboración de una ley “antivandalismo y antidisturbios” para sancionar con más dureza los desmanes en medio de las protestas.
Aunque el mandatario aseguró que no busca estigmatizar a quienes ejercen su derecho a la protesta, en los últimos meses ha utilizado indistintamente los términos “vándalos” y “delincuentes” para referirse a quienes han salido a las calles en contra de su Gobierno.
“A los vándalos que destruyen infraestructura, que destruyen el trasporte público, que pretenden secuestrar buses, que pretenden colgar cables que ya se han cobrado vidas (…), a ellos se les llama como lo que son: delincuentes. Y se les enfrenta como lo que son, delincuentes”, dijo ayer el mandatario durante un acto más que significativo: el ascenso del general Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional.
