El Senado de México aprobó este martes una reforma constitucional que establece como requisito tener únicamente la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

La iniciativa recibió 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, y fue remitida a los congresos estatales. La reforma modifica tres artículos de la Constitución y establece que los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Quienes posean una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado dejó de existir.

Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país, invocar esa ciudadanía ante autoridades extranjeras, ejercer derechos políticos asociados a ella ni acogerse a su protección diplomática.

Reforma aplicará desde 2028

Los cambios serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ocupen alguno de estos cargos cuando la reforma entre en vigor.

El Congreso tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que los estados deberán armonizar sus constituciones y normas electorales en el mismo periodo.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa el 30 de agosto. La Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre y ahora la reforma deberá recibir el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas antes de su publicación oficial.

Morena y sus aliados sostuvieron que la reforma no elimina la doble nacionalidad ni restringe de forma general los derechos políticos, sino que establece una condición específica para quienes encabecen los poderes ejecutivos.

Oposición cuestiona la medida

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) argumentaron que el requisito restringe los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, especialmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.

La American Society of Mexico (Amsoc), asociación que agrupa a empresarios estadounidenses en México, también expresó su rechazo a la reforma. La organización sostuvo que la medida limita los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó que se aprobara sin consultar a los posibles afectados.

“La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública”, afirmó la asociación.