El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de la subvención estatal al diésel, por lo que el precio del combustible pasará a estar vinculado a su costo en el mercado internacional. La medida busca reducir el gasto público, enfrentar el contrabando y atender la escasez de carburantes.

“Desde hoy el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó Paz al explicar la decisión.

El Gobierno boliviano destinaba alrededor de $55 millones semanales a la subvención de combustibles, principalmente diésel, lo que representaba más de $2,600 millones al año. Según el mandatario, parte de esos carburantes subsidiados era desviada hacia actividades ilegales.

Días antes, el Gobierno había informado sobre la detección de mecanismos de desvío y reventa ilegal de combustibles. Paz sostuvo que el retiro del subsidio permitirá mantener disponible el diésel durante las 24 horas.

De acuerdo con el anuncio presidencial, los recursos que dejará de utilizar el Estado en la subvención serán redirigidos a distintas medidas. Entre ellas figura el bono Pepe 2, que alcanzaría a unos 2.9 millones de bolivianos, además de créditos preferenciales para transportistas, comerciantes, artesanos y productores.

También se contempla un incremento del bono estudiantil Juancito Pinto, así como la eliminación de impuestos de importación para insumos, semillas, herramientas, equipos y bienes de capital destinados a actividades productivas.

Paz agregó que se ampliará durante 120 días un programa de regularización tributaria y se implementarán medidas de financiamiento para gobiernos subnacionales.

La eliminación de la subvención se produce después de que el Congreso boliviano aprobara un financiamiento de $1,900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa incluye reformas orientadas a reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas y retirar progresivamente los subsidios a los combustibles, junto con medidas para sectores vulnerables.

La decisión ocurre además en un contexto de tensiones sociales por las reformas económicas impulsadas por Paz. Esta semana, Bolivia prorrogó el estado de excepción declarado originalmente en junio, tras una ola de bloqueos y protestas que generó dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.