Una nueva norma de la administración de Donald Trump entra en vigor este viernes en Estados Unidos y amplía los criterios que los funcionarios de inmigración pueden considerar para determinar si un solicitante de residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”.

La medida, publicada en julio, sustituye la regulación establecida durante la administración de Joe Biden en 2022 y permite evaluar la recepción de una gama más amplia de prestaciones públicas sujetas a verificación de recursos. Entre ellas podrían estar cupones de alimentos, Medicaid, subsidios para cuidado infantil, asistencia para vivienda y Head Start.

La nueva regulación también permite considerar las prestaciones solicitadas en nombre de familiares del inmigrante, incluidos hijos que sean ciudadanos estadounidenses. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un promedio de 588.000 solicitantes son sometidos cada año a revisiones relacionadas con la condición de “carga pública”.

El DHS estima además que unas 950.000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas de beneficios públicos, entre ellos Medicaid, cupones de alimentos, CHIP y asistencia federal para el alquiler. Este posible efecto se relaciona con el temor de solicitantes y sus familias a que el uso de estos programas perjudique sus trámites migratorios.

La entrada en vigor ocurre mientras varias demandas que buscan detener la norma continúan en tribunales federales. Los inmigrantes indocumentados no están incluidos en la medida, debido a que no reúnen los requisitos para recibir los beneficios públicos contemplados en la regulación.