El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios del país. Además, oficializó un toque de queda nocturno que regirá del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

El estado de excepción entró en vigor tras la firma de un decreto ejecutivo y comprende las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La medida también se aplicará en los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.

Allanamientos sin orden judicial

Noboa justificó la decisión en la existencia de una “grave conmoción interna” provocada por la actividad de estructuras del crimen organizado.

El decreto suspende la inviolabilidad del domicilio y permite a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

El documento también cita informes del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas, según los cuales los grupos criminales de esas zonas han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante distintas economías ilícitas.

Toque de queda nocturno

El toque de queda se aplicará en El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos, entre la medianoche y las 5:00 de la mañana, durante el período comprendido entre el 17 y el 30 de septiembre.

Esta será la tercera medida de este tipo implementada en Ecuador durante 2026. La anterior se aplicó en mayo en varias provincias, entre ellas Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Sucumbíos y Esmeraldas. Durante ese período fueron detenidas más de 3,400 personas.

El primer toque de queda del año se extendió durante la segunda mitad de marzo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Contexto de violencia

Ecuador permanece desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno denomina “terroristas”.

Pese a esas medidas, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, al registrar alrededor de 9,300 casos, según cifras del Ministerio del Interior.