Las personas que ya han sido ubicadas denuncian detenciones arbitrarias; en otros casos se han producido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
No se sabe con certeza cuántos son ni en dónde están. Lo que sí es un hecho es que las represiones policiales durante las protestas sociales en Colombia están dejando una estela de personas desaparecidas en un país que arrastra una larga historia en torno a un delito que está considerado de lesa humanidad.
En su informe más reciente, la Defensoría del Pueblo informó que desde el 28 de abril ha recibido 145 reportes de personas desaparecidas durante las movilizaciones multitudinarias que han conmocionado a todo el país, de las cuales 55 ya fueron ubicadas. Con respecto a las 90 que falta localizar, el organismo reveló que puso los datos a disposición de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, por su parte, advirtió que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha registrado la preocupante cifra de 471 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales, hasta el miércoles, solo 79 habían sido encontradas.
Varias de ellas denunciaron que fueron privadas arbitrariamente de la libertad durante horas o días, ya que las trasladaron a sitios no autorizados por la ley y sin presencia del Ministerio Público. “En otros casos aparecieron golpeadas y fueron sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos lugares de detención arbitraria, varían entre coliseos, casas y Comandos de Atención Inmediata”, precisó la organización de derechos humanos.
Agregó que algunas víctimas fueron custodiadas por personas vestidas de civil, o recibieron agresiones físicas y psicológicas por parte de integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Las mujeres reportaron violencia sexual y otras vejaciones basadas en género.
Sin precisiones
Entre las personas denunciadas como desaparecidas, informa la organización, dos fueron encontradas asesinadas en el cauce del Río Cauca: Brahian Gabriel Rojas López, un joven de 26 años que se manifestó el 28 de mayo en el departamento de Risaralda y cuyo paradero se desconoció durante seis días, y otra víctima que todavía no ha sido identificada.
Pero todavía falta encontrar a 379. Por eso, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Director General de la Policía Nacional que den a conocer las listas de las personas detenidas durante las protestas y especifiquen por qué y a dónde han sido llevadas.
También exigió información sobre las personas capturadas con investigaciones penales abiertas en el marco de la protesta social, así como el listado de las reportadas como desaparecidas señalando si se encuentran privadas de la libertad, el lugar de reclusión, quiénes han sido puestas ya en libertad y a quiénes falta encontrar.
La organización pidió informes sobre el resultado de la búsqueda sobre estas personas, qué mecanismos se han desplegado para encontrarlas y los nombres de quienes han sido asesinadas durante las movilizaciones, indicando el lugar de los hechos, su condición de civiles o agentes de policías y cuántas de ellas fueron ocasionadas por armas de fuego, además de los manifestantes que han sido liberados y las denuncias de víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso sexual y otras formas de violencias basadas en género.
“También exigimos que se active de forma inmediata el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para dar con el paradero de todas y cada una de las personas reportadas. Por otra parte, se solicita habilitar en cada una de las ciudades capitales descritas (Bogotá, Cali, Armenia, Barranquilla, Medellín; Pereira y de las que llegue información de personas desaparecidas) una persona de nivel directivo de la Fiscalía Seccional que cumpla labores de atención y rendición de cuentas a las familias de cada una de las personas reportadas como desaparecidas. Este responsable debe permanecer activo hasta dar con el paradero de cada una”, advirtió.
“Son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”
A raíz de esta situación, agregó, se hace necesario que se inicien investigaciones penales por el delito de desaparición forzada por cada grupo de hechos por lugar y temporalidad, que determine la existencia del hecho, la adecuación típica, la identificación de los responsables y se realicen las labores probatorias que permita presentar acusaciones contra los mismos.
“Es necesario que se emprendan las acciones suficientes para que las unidades y fiscales de conocimiento que atienden los casos de detenciones en contextos de protesta social, realicen labores personales de verificación, monitoreo y entrevista con los detenidos, para impedir la comisión de desapariciones forzadas en este tipo de situaciones”, explicó.
Demandas
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, un mecanismo surgido a raíz de los Acuerdos de Paz en Colombia, también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, para que cese la violencia desproporcionada en las protestas, que han causado ya al menos 26 muertes y numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
“Son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”, señaló.
El desborde en ejercicio del poder por parte de la fuerza pública, agregó, es algo que no puede dejarse pasar “sin un mensaje claro e inequívoco de desaprobación” por parte del presidente en su calidad de Comandante General de la fuerza pública, además de que el país tiene que cumplir con el mandato de estándares internacionales que disponen que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
“Se debe cumplir con la convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, insistió al hacer un llamado a las autoridades a no repetir “patrones de violencia perpetrados en el pasado sobre los cuales aún hoy como sociedad tenemos la deuda histórica de responderles a miles de víctimas en circunstancias de violencia y conflicto armado”.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y el primer semestre de 2020, el conflicto armado en Colombia dejó un saldo de 80.582 personas víctimas del delito de desaparición forzada, de las cuales el 85 % son hombres.
