Los parque nacionales, provinciales y municipales son un bien público y conservan importantes recursos como el suelo y el agua
La extensión e importancia de las áreas protegidas nacionales a nivel provincial y municipal ha aumentado en los últimos veinte años. La mayoría de los países de América Latina han trabajado durante décadas en la construcción de su sistema de parques nacionales. Sin embargo, hay muchas zonas de importancia regional y local para la diversidad biológica, los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas que estimularon el crecimiento de zonas protegidas provinciales y municipales.
La misma progresión ocurrió en otros países, como el mío, Estados Unidos. Nuestro sistema de parques nacionales se inició en 1872 y el proceso estaba completado en gran medida en 1950.
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El movimiento de creación de parques estatales comenzó a crecer alrededor de 1920 y para 1980 ya estaba muy avanzado, centrándose en zonas que no eran tan grandes como los parques nacionales pero que eran importantes para la conservación de la biodiversidad y los recursos, y para fines estatales y locales como la recreación y el turismo. Luego, las iniciativas de tierras privadas comenzaron a crecer significativamente en 1970, enfocadas en áreas aún más pequeñas con una variedad de propósitos, como la protección de biodiversidad.
Sin embargo, la creación no está completa sin una fuente de financiamiento adecuada para su gestión y protección. Esto es un problema para las autoridades regionales, ya que disponen de menos fondos que los que tienen los gobiernos nacionales. Sin financiamiento, estas zonas pueden convertirse en parques que solo existen en los papeles.
Es necesario que las provincias asignen recursos para la gestión de las zonas protegidas, establezcan equipos de trabajo y asignen dinero para combustible, viajes, suministros y equipos adecuados.
Los presupuestos gubernamentales son tal vez la fuente de ingresos más importante, porque las zonas protegidas son un bien público y conservan importantes recursos como el suelo y el agua de los que depende la actividad económica. A veces, las autoridades de las áreas protegidas también pueden solicitar y recibir fondos para fines de desarrollo específicos que construyan la infraestructura de los programas de turismo y recreación.
Los fondos de agua se han convertido en un mecanismo muy popular en los últimos 30 años en zonas con fuertes pendientes, y especialmente donde el área protegida cubre parte de la cuenca hidrográfica para centros de población o zonas agrícolas aguas abajo. En Cuenca, Ecuador, la autoridad de aguas cobra unos pocos centavos adicionales por metro cúbico de agua a los usuarios, y esos ingresos le permiten gestionar el Parque Nacional Cajas que proporciona el agua de la ciudad.
Financiación de proyectos para los fondos de Permanence. En varios países se han creado fondos de dotación para proporcionar financiación suplementaria para los gastos de funcionamiento de los sistemas de parques nacionales. Se trata de importantes iniciativas de colaboración entre los sectores público y privado en las que la mayoría de los fondos proceden del país, incluso de la condonación de la deuda, con la participación de organismos de ayuda exterior y fundaciones privadas. El Fondo de Áreas Protegidas de la Región Amazónica del Brasil destinó 215 millones de dólares a la ampliación del sistema de áreas protegidas y ayudará a pagar su gestión durante 25 años, y los de Perú y Colombia son de $70-$100 millones
El financiamiento del carbono es la fuente potencial más novedosa de pagos por servicios de los ecosistemas, para las zonas protegidas con ecosistemas ricos en carbono, como los bosques. Sin embargo, las normas internacionales para esos fondos son complicadas y el país debe establecer políticas que permitan la financiación del carbono para apoyar las zonas protegidas a escala privada o pública.
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El financiamiento para la gestión adecuada de las zonas protegidas subnacionales es una necesidad crítica para el futuro, ya que es probable que esas zonas adquieran mayor importancia como parte integral de las estrategias regionales de desarrollo sostenible. Con una voluntad pública adecuada, esto puede lograrse mediante mecanismos de financiación tradicionales e innovadores para establecer su futuro seguro.
