Una jueza federal en Massachusetts bloqueó temporalmente la medida impulsada por la Administración Trump para revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de migrantes acogidos bajo el programa humanitario de parole, dirigido a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).

La decisión impide, por el momento, que se cancele este mecanismo migratorio, que ha sido utilizado por aproximadamente medio millón de personas, principalmente residentes en el sur de Florida. El parole permite el ingreso y la estadía temporal de ciertos migrantes por razones humanitarias o de beneficio público significativo.

La resolución fue emitida en el marco del caso Svitlana Doe v. Noem, presentado por organizaciones como Justice Action Center, Human Rights First y Haitian Bridge Alliance, en representación de beneficiarios del programa y sus patrocinadores.

La jueza Indira Talwani tomó la decisión tras considerar el impacto potencial que tendría la cancelación del programa. Declaraciones emitidas por representantes de las organizaciones demandantes señalaron que el fallo se refiere tanto a los migrantes como a los ciudadanos estadounidenses que firmaron compromisos para respaldarlos.

El programa fue implementado durante la presidencia de Joe Biden y ha sido utilizado por anteriores gobiernos tanto republicanos como demócratas para gestionar el ingreso de personas en situaciones específicas, como reunificación familiar o emergencias humanitarias.