El Gobierno de Italia aprobó un decreto-ley que endurece las medidas contra los disturbios y refuerza la seguridad en Milán, luego de los actos de violencia registrados durante las protestas del fin de semana, que incluyeron saqueos e incendios de propiedades.

La normativa contempla el despliegue de 500 militares adicionales en la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026, además de nuevas sanciones para quienes participen en actos violentos durante manifestaciones.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su preocupación por la participación de menores de edad en los disturbios y señaló que el Gobierno busca evitar que las imágenes de estos actos incentiven conductas similares.

“Los jóvenes… acudieron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse a sí mismos mientras lo hacían”, manifestó Meloni en un video difundido en redes sociales.

Nuevas sanciones y responsabilidad de los padres

Entre las medidas aprobadas figura la creación de un delito por participación grupal en actos violentos durante manifestaciones que pongan en peligro la seguridad pública, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20,000 euros.

El decreto también establece sanciones más severas para determinados casos de violencia agravada, amplía las posibilidades de detención preventiva y diferida, y contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión para ciertas conductas relacionadas con la organización o promoción de grupos destinados a cometer actos violentos.

Asimismo, los padres podrán ser responsables económicamente por los daños causados por sus hijos menores. La normativa prevé multas de entre 500 y 1,000 euros para progenitores de menores que cometan delitos, con la posibilidad de duplicarlas en caso de reincidencia.

Otra disposición establece la presunción de que las personas mayores de 14 años pueden comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario. También se contempla la prohibición de asistir a concentraciones públicas para quienes hayan incurrido en determinados comportamientos perjudiciales contra personas o bienes durante los cinco años anteriores.

Meloni anunció que su Gobierno ampliará la capacidad de los centros de detención y reforzará el sistema de justicia juvenil mediante la incorporación de más jueces.