El Congreso de Honduras aprobó reformas al Código Penal que establecen penas de hasta cadena perpetua para líderes y financiadores de pandillas, además de impulsar la construcción de una prisión de máxima seguridad con capacidad para 1,300 reclusos, tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

Las medidas forman parte de una estrategia impulsada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el mandatario hondureño, Nasry “Tito” Asfura, para combatir el crimen organizado y las estructuras criminales que operan en el país.

Entre las principales modificaciones se encuentran condenas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de pandillas y cadena perpetua para sus dirigentes y quienes las financien. También se establecen penas de ocho a diez años por atentados contra la autoridad y prisión de por vida para quienes asesinen a funcionarios de justicia y seguridad por motivos relacionados con sus cargos.

El paquete contempla, además, prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista y amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante un juez a personas detenidas por delitos como terrorismo, narcotráfico, secuestro y extorsión. Asimismo, establece la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, controles biométricos y restricciones para los reclusos ubicados en módulos de máxima seguridad.

Las reformas han generado observaciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Su representante, Juan Carlos Monge, señaló que el Estado debe responder a las demandas de seguridad, pero advirtió sobre las condiciones en que deben aplicarse las medidas.

“El Estado tiene la obligación de responder”, manifestó Monge, quien también alertó que las disposiciones podrían “desencadenar violaciones de los derechos humanos” y aumentar la presión sobre los sistemas judicial y penitenciario.

El funcionario planteó que la estrategia también debe abordar factores relacionados con la violencia, entre ellos la falta de empleo, educación y acceso a servicios de salud.

En contraste, el especialista en criminalística Gonzalo Sánchez consideró necesarias las modificaciones ante la presencia del crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, sostuvo que su aplicación debe respetar los derechos individuales y contar con supervisión de las actuaciones policiales y judiciales.

Como parte de la estrategia, el Gobierno hondureño prevé construir un centro penitenciario de máxima seguridad para albergar a unos 1,300 reclusos considerados de alta peligrosidad.