En una decisión calificada como una “victoria fenomenal” para los derechos de la comunidad LGBTQ, el máximo tribunal de apelación de Trinidad y Tobago —el Comité Judicial del Consejo Privado con sede en Londres— derogó unánimemente la legislación que penalizaba la homosexualidad en el país caribeño.

El panel de cinco jueces dictaminó que la Ley de Delitos Sexuales de 1986 no puede ser utilizada para enjuiciar relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos del mismo sexo.
Bajo la normativa invalidada, las personas enfrentaban sentencias de hasta cinco años de prisión por “sodomía” y dos años por “indecencia grave”.

La batalla legal, que se prolongó por una década, fue impulsada por el activista trinitense Jason Jones. Tras conocerse el fallo, el tribunal subrayó que los derechos constitucionales deben interpretarse de manera práctica para la actualidad, reconociendo además que las relaciones amorosas entre dos hombres están amparadas bajo el derecho a la “vida familiar”.